A nueve días del feminicidio de Dafne Quintos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha emitido un comunicado en el que rechaza la educación militarizada en escuelas de nivel básico. La declaración del secretario Mario Delgado Carrillo se produce tras la muerte de la adolescente de 13 años, quien falleció el 15 de julio durante un campamento en una academia militarizada en Reynosa, Tamaulipas.
Delgado calificó como inaceptable cualquier justificación de agresiones bajo el argumento de disciplina militar. Resaltó que cualquier práctica que vulnere la integridad de menores no puede considerarse educativa, sino una violación a sus derechos humanos. La SEP expresó sus condolencias por la muerte de Dafne y reafirmó su compromiso con el interés superior de la niñez, conforme a la Constitución y tratados internacionales.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga el caso, que ha revelado testimonios sobre abusos en la academia. La causa de muerte de Dafne fue asfixia por sumersión, aunque se han encontrado otros signos de agresión en su cuerpo. Organizaciones civiles y familiares de la menor exigen justicia y aclarar las circunstancias de su muerte.
El secretario Delgado enfatizó que la formación militar corresponde a las instituciones de las Fuerzas Armadas y no debe ser parte de la educación básica. La SEP recordó que la legislación educativa vigente no permite la educación militarizada para preescolar, primaria o secundaria, y que cualquier oferta educativa de este tipo carece de autorización.
Además, la autoridad educativa de Tamaulipas revisará la autorización que desde 2005 permitió a la institución operar como “militarizada” para tomar medidas administrativas y legales. La SEP también anunció que emitirá un pronunciamiento adicional para aclarar que no se permite la educación bajo modalidades militares, buscando evitar interpretaciones erróneas.
El caso de Dafne ha generado indignación a nivel nacional y ha reabierto el debate sobre las academias que aplican disciplina militar a menores. Organizaciones defensoras de derechos infantiles piden una revisión de estos modelos educativos y la imposición de responsabilidades para prevenir futuros incidentes.
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