Los programas sociales implementados por la Cuarta Transformación han ampliado su cobertura, beneficiando a 16.4 millones de hogares y aumentando el gasto en protección social en un 72% entre 2019 y 2026. Sin embargo, su efectividad en la erradicación estructural de la pobreza es cuestionable, ya que, aunque hay cobertura, los resultados son mixtos al analizar aspectos más allá del ingreso inmediato.
La administración actual ha optado por transferencias directas, pensiones para adultos mayores, becas y apoyos para personas con discapacidad, lo que ha contribuido a que aproximadamente 11 millones de personas salgan de la pobreza entre 2018 y 2025. El aumento del salario mínimo, que creció un 241%, también ha influido en esta reducción, con la pobreza patrimonial disminuyendo del 48.8% en 2018 al 43.5% en 2022.
No obstante, evaluaciones del Coneval y estudios independientes destacan problemas como la falta de claridad en los objetivos de cada programa y la precariedad en su operación. Aunque las transferencias generan un impacto positivo en el consumo inmediato, su efecto en la movilidad social a largo plazo es limitado, lo que significa que la pobreza de ingresos puede disminuir sin necesariamente eliminar la vulnerabilidad y la exclusión de oportunidades.
Desde una perspectiva política, la expansión de estos programas parece influir en la intención de voto. Investigaciones indican que los beneficiarios tienden a mostrar mayor aprobación hacia el presidente y están más inclinados a votar por Morena, con diferencias de hasta 15 puntos en comparación con quienes no reciben estos beneficios.
Además, se han documentado prácticas clientelistas, donde se condiciona el apoyo a la votación por ciertos candidatos, lo que afecta la libertad del voto. Recientes denuncias sugieren que algunos operadores utilizan los programas para fines proselitistas, solicitando pruebas de votación a cambio de beneficios.
Fiscalmente, el aumento del gasto en protección social se financia a través de ingresos tributarios, petroleros y deuda. Se proyecta que para 2027, el gobierno destinará 25 de cada 100 pesos a este rubro, lo que podría incrementar el déficit primario si los ingresos no crecen al mismo ritmo.
Analistas advierten que un déficit mayor podría llevar al Banco de México a emitir más deuda, aumentando así el costo financiero y afectando el presupuesto. Para que los programas sociales sean más que un alivio temporal y se conviertan en una herramienta de movilidad social, se requieren cambios significativos: establecer metas claras, articular políticas de empleo y servicios, y fortalecer las reglas de operación para evitar el condicionamiento del voto.
En conclusión, aunque los programas de la 4T han logrado reducir la pobreza de ingresos en el corto plazo, su impacto estructural es limitado sin una evaluación adecuada y sin una conexión con el empleo y los servicios. La pregunta que queda es si el gobierno está dispuesto a transformar la cobertura en un impacto real y a garantizar la integridad del voto.
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