El 7 de septiembre, el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, presentó un informe sobre el primer año de actividades de la nueva Corte, bajo el lema “A un año de una justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia”. En su discurso, Aguilar enfatizó la intención de la Corte de diferenciarse de su predecesora, a la que describió como un tribunal elitista y distante.
La nueva Corte, en contraste, se autodenomina una “Corte del Pueblo”, enfocándose en la austeridad y la justicia auténtica. Aguilar destacó que la anterior Corte servía a intereses privilegiados, mientras que la actual busca ser accesible y transformadora.
Un aspecto notable es la alineación del discurso de la Corte con el de Morena, lo que sugiere un cambio de paradigma en la independencia judicial. Aguilar afirmó que el Poder Judicial es independiente de otros poderes, pero no distante, y que el Estado de derecho debe promover justicia y dignidad en coordinación con las autoridades.
La nueva Corte opera en un contexto de concentración de poder, donde una sola fuerza política controla la Presidencia y las dos Cámaras, lo que reduce el espacio para el arbitraje jurisdiccional. En este entorno, la Corte parece ampliar su papel hacia la pedagogía social y la comunicación, realizando diplomados, eventos y sesiones itinerantes, como la que tuvo lugar en Chiapas.
Estas actividades reflejan un esfuerzo por ser un intermediario cultural entre el Estado y las comunidades marginadas. La Corte está adoptando un nuevo rol social y político, justificando su existencia en un contexto donde ha renunciado a ser un contrapeso. Este enfoque la convierte en un tribunal constitucional único en el mundo, cuyo futuro poder jurídico y simbólico aún está por definirse.
Información vía fuente original
