El fenómeno del huachicol fiscal ha perdido su significado original y se ha normalizado en el discurso público. Este término se refiere a un mecanismo de evasión fiscal que permite la entrada de combustible a México como si fueran lubricantes y aditivos, sin el pago de impuestos correspondientes.
Este negocio multimillonario involucra a empresas estadounidenses que refinan y venden combustible al crimen organizado y a compañías mexicanas, así como a múltiples actores en los puertos y aduanas de México, transportistas y centros de distribución que facturan y legalizan el proceso.
Según la Procuraduría Fiscal de la Federación, el daño por impuestos evadidos asciende a 600 mil millones de pesos, cifra que coincide con estimaciones de investigadores como Francisco Barnés de Castro, quien eleva el monto a 730 mil millones. Esta cantidad equivale al presupuesto total del sexenio pasado de la Secretaría de Salud o más de la mitad del gasto anual en programas sociales.
Entre 2018 y 2025, se estima que 147 mil millones de litros de gasolina y diésel fueron contrabandeados. A pesar de que la presidenta ha mencionado el huachicol en 62 ocasiones, no se ha abordado el tema a fondo. Recientemente, se anunció un decomiso en la planta de almacenamiento SIMSA en Guanajuato, pero este resultó ser un procedimiento fallido, ya que la empresa pudo demostrar la legalidad de sus operaciones.
El decomiso representó solo el 0.04% del total de combustible ilegal en circulación y una evasión de 350 millones de pesos. Esto plantea interrogantes sobre la veracidad de los anuncios oficiales y si se busca simular un éxito propagandístico.
A pesar de las revelaciones periodísticas, el gobierno ha mostrado poca disposición para investigar otros casos significativos de huachicol fiscal. Un ejemplo es el de la empresa Marlaya, considerada fantasma por el SAT, que generó un daño al erario de 29 mil 295 millones de pesos, una cifra que no ha sido mencionada en conferencias de prensa.
Mientras tanto, se ha hablado de casos menores, como el de los hermanos Farías Laguna, con un presunto desfalco de 1,870 millones de pesos. La realidad es que 3 de cada 10 litros de combustible comercializado proviene del huachicol fiscal, y hasta ahora, las acciones del gobierno han sido insuficientes para abordar este problema.
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