Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, podrá cumplir su proceso penal en prisión domiciliaria tras una resolución judicial emitida el 21 de septiembre. Esta decisión, conocida el 22 de septiembre, concede la suspensión definitiva solicitada por Ruffo, quien enfrenta acusaciones por contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada.
El cambio en su medida cautelar no implica el cierre del caso ni una resolución sobre su culpabilidad. Ruffo sigue bajo el procedimiento iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR), que lo investiga por su supuesta vinculación con una red dedicada al huachicol fiscal.
Detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California, Ruffo fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 en el Estado de México. Posteriormente, una jueza federal lo vinculó a proceso junto con otros acusados por delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando.
La investigación de la FGR abarca operaciones de importación y traslado de combustibles, que habrían sido realizadas sin los controles fiscales y aduaneros correspondientes. Entre las empresas implicadas se encuentra Ingemar, asociada al exgobernador.
Los datos del proceso indican que se introdujeron aproximadamente 18 millones de litros de gasolina y diésel a través de transporte ferroviario, formando parte de un esquema de contrabando. La defensa de Ruffo ha rechazado las acusaciones y ha buscado modificar las condiciones de su reclusión desde el inicio del procedimiento.
A principios de septiembre, un tribunal colegiado confirmó una suspensión definitiva relacionada con su vinculación a proceso, deteniendo temporalmente el avance hacia un juicio oral. Además, otros involucrados en la investigación también han obtenido resoluciones favorables.
Ruffo Appel, quien gobernó Baja California de 1989 a 1995 como candidato del Partido Acción Nacional, enfrenta un proceso judicial que aún no ha concluido, y no existe una sentencia definitiva sobre su responsabilidad penal.
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