La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, en un periodo de dos años, el gobierno federal logró ahorrar 83 mil 800 millones de pesos gracias a la prevención de actos de corrupción, especialmente en compras públicas. Durante su informe, destacó la colaboración de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para proponer reformas que optimicen la gestión pública y reduzcan los plazos de resolución de casos de corrupción.
“Es esencialmente administrativa. Hay casos que tardan 15, 20 años en resolverse; lo que estamos proponiendo es que se reduzcan los plazos; incluso, si hay daño al erario, que se pague”, indicó Sheinbaum. Aunque no se han encontrado funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) vinculados directamente al robo de combustible, la Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido a 2 mil 654 personas por delitos relacionados.
La secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que los ahorros provienen de diversas acciones: 29 mil millones de pesos por mejoras en estrategias de compras, 42 mil 200 millones por seguimiento a contratos públicos, 7 mil 800 millones por la reorganización del gobierno y 4 mil 800 millones por multas a servidores públicos y proveedores.
Un ejemplo de estos logros es la reducción del 46 por ciento en el precio de un gran contrato de equipamiento del IMSS, que se adquirió con tecnología avanzada. Hasta ahora, la SABG ha presentado 517 denuncias ante la FGR por faltas administrativas, resultando en 53 servidores públicos vinculados a proceso por delitos como enriquecimiento ilícito y fraude.
En cuanto a sanciones, se han penalizado a 4 mil 193 servidores y empresas, con 3 mil 528 por faltas no graves y 665 por faltas graves. Se han remitido mil 737 casos al TFJA, y 286 proveedores han sido sancionados por un total de 147.3 millones de pesos por irregularidades. En materia de transparencia, la SABG ha resuelto 8 mil 222 recursos de aclaración, con una tasa de desecho del 14.6 por ciento, la más baja desde 2014.
Además, los cambios en la Ley de Adquisiciones han permitido que pequeñas y medianas empresas participen en la proveeduría, promoviendo condiciones laborales justas y precios accesibles.
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