El 23 de julio de 2026, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una de las mayores ofensivas financieras contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), imponiendo sanciones a más de 50 personas y empresas relacionadas con la organización criminal. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, anunció que estas medidas buscan debilitar la capacidad operativa y económica del cártel, considerado uno de los más poderosos de América.
Las sanciones afectan no solo a líderes del CJNG, sino también a familiares, empresarios y operadores financieros que han facilitado el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que la administración del presidente Donald Trump está comprometida con desmantelar las estructuras financieras de los cárteles mexicanos. “El presidente Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados”, declaró Bessent.
La OFAC destacó que la decisión se basa en investigaciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que incluyeron la participación del FBI, la DEA y otras agencias federales, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. Uno de los principales objetivos de las sanciones es Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, quien asumió el liderazgo del CJNG tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en febrero de 2026.
Valencia González enfrenta cargos federales por narcotráfico en Estados Unidos, y el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura. Antes de liderar el cártel, “Pelón” era jefe de uno de sus brazos armados, involucrado en actos de violencia.
Las sanciones también incluyen a otros miembros cercanos al cártel, como Audias Flores Silva, “El Jardinero”; Gerardo Botello Rozales, “El Cachas”; y Francisco Noé González Ramírez, “El F1”. Las investigaciones revelan que estas células operan en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Zacatecas, donde gestionan laboratorios clandestinos y rutas de distribución.
Además de los individuos, las sanciones abarcan una red empresarial que, según el Tesoro, ha servido para ocultar activos y mover recursos ilícitos. Las empresas sancionadas incluyen gasolineras, constructoras y firmas de seguridad privada, entre otras.
El CJNG ha diversificado sus fuentes de ingresos, obteniendo recursos no solo del narcotráfico, sino también del robo y contrabando de combustibles, extorsiones y fraudes. El Departamento del Tesoro indicó que algunos de los investigados participan en el tráfico de fentanilo y en la extracción ilegal de combustibles, lo que genera pérdidas millonarias para el Estado mexicano.
Las autoridades estadounidenses también están investigando una red de lavadores de dinero en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, que blanquea grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico. Se estima que este sistema ha permitido blanquear decenas de millones de dólares anualmente desde al menos 2023.
El CJNG fue identificado como una organización relevante para el narcotráfico internacional en 2015 y ha sido sancionado en varias ocasiones desde entonces, incluyendo su inclusión en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras en 2025.
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