El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha denunciado que el gobierno mexicano ignora la gravedad de la crisis de desplazamiento forzado interno (DFI) en Chiapas. Según el organismo, a la fecha se han documentado 24,510 víctimas de DFI en la entidad, mientras que las autoridades continúan con una respuesta insuficiente y simulan atender a las víctimas sin garantizar sus derechos ni condiciones para un retorno seguro.
El Frayba alertó que muchas comunidades en Chiapas viven bajo asedio y vulnerabilidad ante grupos del crimen organizado que operan en complicidad con autoridades locales y federales. Entre los actores involucrados se encuentran las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, la Guardia Estatal y el ejército mexicano, lo que perpetúa la violencia y agrava la crisis humanitaria.
Un caso emblemático es el de las familias del ejido Nueva Independencia, desplazadas entre 2024 y 2025 tras la elección del presidente municipal Manuel de Jesús Moreno Fernández. Los testimonios indican que el alcalde protege a un grupo político vinculado con el crimen organizado.
Asimismo, la situación es crítica en la región fronteriza de Chiapas, donde municipios como Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa y Chicomuselo han visto el desplazamiento de cientos de familias desde 2021. Las víctimas en estas áreas carecen de refugios seguros y atención humanitaria, lo que las expone a nuevas agresiones.
El Frayba criticó las declaraciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien afirmó que el 95% de las personas desplazadas han retornado, sugiriendo que quienes no lo han hecho eligieron vivir en otro lugar. Esta afirmación minimiza las causas de la violencia y la inseguridad que enfrentan las comunidades.
El centro de derechos humanos calificó de “lamentable” que las autoridades reduzcan la crisis de DFI a cifras, ignorando las múltiples afectaciones que sufren las víctimas, como la pérdida de territorio y medios de subsistencia. Frayba hizo un llamado urgente al gobierno para que atienda de manera integral la crisis de DFI y garantice condiciones adecuadas para el retorno de las víctimas.
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