El proyecto de presupuesto para 2027 presenta a México ante una presión fiscal inminente. Se estima que el gasto en pensiones alcanzará los 2.5 billones de pesos, lo que representa el 6.3% del PIB y cerca del 27% de los ingresos presupuestarios. Para ponerlo en perspectiva, por cada peso recaudado, 40 centavos se destinarán a pensiones, un aumento significativo respecto a los 33 centavos de 2020.
El verdadero desafío no radica en pagar pensiones, ya que una sociedad democrática debe proteger a quienes trabajaron y a los adultos mayores en situación vulnerable. Sin embargo, el problema surge cuando el gasto en pensiones crece más rápido que los ingresos públicos, afectando recursos que deberían destinarse a salud, educación, seguridad e infraestructura.
El Paquete Económico 2027 prevé un gasto neto total de 10.64 billones de pesos, con un déficit fiscal proyectado de 3.9% del PIB. Asimismo, se anticipa que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público alcanzará el 55% del PIB, con una posible trayectoria de 56.5% para 2032, según el CIEP.
Las pensiones se han convertido en un gasto rígido, difícil de reducir sin afectar derechos adquiridos. Cada peso adicional destinado a pensiones limita los recursos disponibles para construir hospitales, ampliar escuelas o mejorar la seguridad. Además, cerca del 80% del gasto federal ya está comprometido por transferencias a estados, deuda y obligaciones de seguridad social.
Esta situación genera una pérdida progresiva de margen de maniobra. Aunque el Gobierno puede establecer prioridades, cada vez tiene menos recursos para financiarlas. El aumento en el gasto pensionario compite directamente con las necesidades de las generaciones más jóvenes.
Si esta tendencia persiste, México podría enfrentar varios riesgos, incluyendo menor inversión pública en infraestructura y presiones para elevar impuestos. También podría resultar en un mayor endeudamiento y una reducción de recursos para salud y educación.
La política social podría verse afectada, ya que un presupuesto comprometido limita la capacidad de respuesta ante desaceleraciones económicas o emergencias nacionales. Las pensiones, aunque necesarias, pueden desplazar otras prioridades, incluso si el presupuesto nominal de salud o educación aumenta.
Existen diferentes tipos de pensiones en México, incluyendo las contributivas del IMSS y del ISSSTE, así como pensiones no contributivas, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Cada tipo tiene su propio sistema de financiamiento y no se debe aplicar una solución única a todos.
La discusión sobre la edad de retiro debe ser cuidadosa, considerando factores como esperanza de vida y condiciones laborales. Un aumento general de la edad de jubilación podría afectar desproporcionadamente a quienes tienen menor esperanza de vida y trabajos más exigentes.
Carlos Slim ha propuesto llevar la edad de retiro hasta los 75 años, pero esta idea no es una reforma aprobada ni aplicable a toda la población. La reforma del sistema de pensiones debe ser integral y gradual, abordando varios frentes, incluyendo la informalidad laboral que limita las aportaciones y fragmenta trayectorias laborales.
Es esencial revisar pensiones excesivas y regímenes privilegiados, asegurando que no se pida sacrificios a trabajadores de bajos ingresos mientras se mantienen beneficios desproporcionados para otros grupos. Un sistema de pensiones sólido requiere empleos formales y salarios dignos, así como una mejora en la productividad y calidad de los empleos.
Información vía fuente original
