La reciente decisión del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de retomar sus funciones ha generado cuestionamientos sobre la narcopolítica en Sinaloa. A pesar de estar bajo investigación, Rocha Moya regresó al Palacio de Gobierno el 21 de agosto, recibiendo el respaldo inmediato del Congreso y del Poder Judicial estatal. Sin embargo, horas después, la Secretaría de Gobernación confirmó que la investigación en su contra continúa.
Claudia Sheinbaum, presidenta del país, criticó la actitud del morenista, señalando que “si estás bajo investigación, pienso que es mejor separarse del cargo”. A pesar de esto, el gobierno y el partido Morena argumentan que no han recibido pruebas de las acusaciones de narcopolítica que involucran a diez extraditables de Sinaloa. El 22 de agosto, Rocha Moya solicitó una segunda licencia.
El 25 de agosto, Graciela Domínguez Nava asumió como gobernadora interina, con el compromiso de permanecer en el cargo durante los 13 meses restantes de la gestión de Rocha. En su toma de protesta, los diputados mostraron cautela al abordar la violencia en las calles, evitando mencionar a los grupos criminales que operan en la región.
La oposición, que planea un juicio político contra Rocha Moya, instó a romper el “pacto de impunidad” y a proteger a los ciudadanos de ser utilizados en disputas de poder. Elizabeth Montoya, diputada de MC y víctima de un atentado, exigió una investigación sobre la violencia que ha afectado al estado. Por su parte, la diputada Paola Gárate, del PRI, hizo referencia a las acusaciones de que las bandas criminales cuentan con protección desde el gobierno.
El interinato de Domínguez fue aprobado con 31 votos a favor y seis en contra. Ella prometió una gestión enfocada en la paz, asegurando que no permitirá que el gobierno sea un patrimonio de ningún grupo. En sus primeras declaraciones, la senadora Imelda Castro, quien busca la gubernatura en 2027, se distanció de Rocha Moya, afirmando que no apoyaría a nadie involucrado en la narcopolítica.
A pesar de la intención de las autoridades de combatir la violencia, la realidad muestra que la Operación Enjambre, destinada a desarticular la narcopolítica, aún no se ha implementado en Sinaloa. La situación se complica con la presencia del senador Enrique Inzunza, uno de los extraditables, quien ha desafiado la instrucción presidencial de solicitar licencia, manteniendo su fuero como legislador. La pregunta persiste: ¿podrán la presidenta, la gobernadora interina y la candidata romper con el pacto de impunidad?
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