El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó, con 45 votos a favor y un voto en contra, una ampliación presupuestal de 100 millones de pesos para la Fiscalía General del Estado (FGE). Esta decisión se tomó durante la segunda sesión del Primer Periodo Ordinario del tercer año de labores, bajo la dirección del diputado Luis Vicente Aguilar Castillo.
La ampliación se destinará a cubrir el déficit operativo en las fiscalías regionales y mejorar la atención a los ciudadanos. La Comisión de Hacienda del Estado destacó que esta inversión es de orden público e interés social, y es fundamental para fortalecer la procuración de justicia en Veracruz.
“Al robustecer la Dirección General de Servicios Periciales y rehabilitar espacios como el Servicio Médico Forense de Álamo, el Estado cumple con su mandato legal y fortalece el Estado de Derecho”, se menciona en el dictamen.
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) aseguró que la ampliación se financiará con Recursos Fiscales Propios del Ejercicio Fiscal 2026, garantizando que no afectará el equilibrio presupuestario ni la sostenibilidad financiera del Estado.
La diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, de Morena, enfatizó que esta medida busca mejorar las capacidades operativas de la FGE para ayudar a las personas en situaciones vulnerables. Por su parte, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, del PVEM, detalló que los recursos se destinarán a capacitación y adiestramiento.
La diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez, del PAN, subrayó la importancia de contar con una Fiscalía competente que brinde atención digna a los veracruzanos. Desde el Movimiento Ciudadano, María Elena Córdova Molina expresó su apoyo, pidiendo resultados y transparencia en el uso de los recursos.
La diputada Ana Rosa Valdés Salazar, del PRI, también anunció su voto a favor, confiando en que los fondos contribuirán a reducir las estadísticas de delitos en la entidad. Finalmente, el diputado Héctor Yunes Landa cuestionó el proceso legislativo, señalando que la falta de información pública limita el derecho de los legisladores a emitir un voto informado.
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