La situación del periodismo en Veracruz sigue siendo alarmante, con un aumento en los homicidios, amenazas y desapariciones de comunicadores. Esto se expone en el informe “Prohibido investigar”, presentado por Ingrid Midori Pérez Guzmán, coordinadora del área jurídica de Propuesta Cívica, y el abogado Carlos Domínguez, que analiza las fallas en las investigaciones de los asesinatos de periodistas vinculados al diario Notiver.
El documento, que abarca 79 páginas, destaca que los casos de violencia contra periodistas deben ser vistos en un contexto de macrocriminalidad, donde redes de poder, crimen organizado y autoridades podrían estar involucrados. Los especialistas señalaron que el informe se originó del acompañamiento jurídico a periodistas como Milo Vela, Yolanda Ordaz, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, quienes han sido víctimas en este entorno.
Al revisar las investigaciones, los abogados encontraron deficiencias tanto a nivel estatal como federal, ya que los homicidios fueron tratados de manera aislada, sin considerar las conexiones entre ellos. “Lo que más falló es que todos estos acontecimientos se estudiaron aisladamente”, afirmaron. Esta falta de un enfoque integral ha contribuido a la impunidad en estos casos.
Propuesta Cívica advirtió que las agresiones contra periodistas no han cesado, citando el reciente caso de Roxana en el sur de Veracruz, que evidencia la vulnerabilidad de los comunicadores comunitarios. Resaltaron que el riesgo no se limita a los medios tradicionales, ya que muchos periodistas ahora operan en plataformas digitales y redes sociales.
Los representantes de Propuesta Cívica también criticaron la tendencia de criminalizar a los periodistas asesinados, desviando la atención de quienes realmente podrían ser responsables de los ataques. “La misma película con distintos actores”, señalaron, refiriéndose a la repetición de patrones de violencia.
Además, hicieron hincapié en la importancia de investigar las amenazas a periodistas como un indicador de posibles agresiones más graves. Propuesta Cívica se ofreció a colaborar con las autoridades para prevenir homicidios, sugiriendo que deben actuar de manera proactiva en lugar de reaccionar solo después de que ocurren los crímenes.
Por último, expresaron su preocupación por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), que consideran rebasada por la violencia en Veracruz. Propusieron la necesidad de un registro oficial de periodistas agredidos, ya que las cifras actuales provienen principalmente de organizaciones civiles. “No se puede mejorar lo que no se mide”, concluyeron.
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