El reciente asesinato de Estanislao Hernández Lozano, delegado regional de AMOTAC en Puebla, ha reavivado la preocupación sobre la seguridad de los transportistas en México. Este crimen, ocurrido en la frontera con Veracruz, ha llevado a la movilización de transportistas, quienes exigen garantías para realizar su trabajo sin temor a ser víctimas de asaltos y extorsiones.
El 22 de octubre, AMOTAC llevó a cabo bloqueos en respuesta a este asesinato, mientras que se anticipan más movilizaciones para el 26 de octubre, según fuentes consultadas. Aunque estos bloqueos interrumpen actividades y generan pérdidas, es fundamental entender la raíz del problema: ¿por qué los transportistas continúan arriesgando sus vidas en sus labores diarias?
Las estadísticas sobre homicidios en Veracruz presentan una disminución del 14.1% en el promedio diario de homicidios dolosos entre enero y agosto de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, esta reducción no implica que todos los delitos estén bajo control, especialmente en tramos peligrosos para el transporte. Para quienes conducen, la seguridad se mide en la capacidad de llegar a su destino y regresar a casa.
Los convenios interestatales impulsados por Rocío Nahle García son un paso en la dirección correcta. Estos acuerdos con Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Tlaxcala buscan mejorar la coordinación entre las fuerzas policiales y ministeriales. Dado que la delincuencia no respeta fronteras, es esencial que las investigaciones y respuestas operativas sean igualmente transversales.
El caso de Esperanza, Puebla, ilustra la gravedad del problema. Durante el Operativo Enjambre, se detuvo a nueve personas, incluido el alcalde Isaac “N”, por su supuesta vinculación con una red dedicada al robo de autotransporte. Además, se investiga a una trabajadora de CAPUFE por su posible conexión con esta red, lo que pone de relieve la necesidad de revisar los controles internos y el acceso a información en las plazas de cobro.
La historia de la protección de caminos en México, que se remonta a la época de Benito Juárez y Porfirio Díaz, subraya que garantizar la seguridad en las carreteras es una responsabilidad del Estado. Es imperativo que se implementen medidas efectivas, como la organización de convoyes protegidos por la Guardia Nacional y el Ejército, así como la persecución de quienes comercializan mercancía robada.
Los transportistas no pueden seguir pagando peaje y exponiéndose al riesgo de ser despojados. Necesitan justicia por sus compañeros caídos y garantías de seguridad para poder trabajar sin temor. La próxima mesa de diálogo debe resultar en acciones concretas que aseguren que transitar por las carreteras deje de ser una hazaña.
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