El 25 de junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) a entregar el expediente relacionado con la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La Corte anunció que la FGR debía publicar una versión pública de la investigación en su sitio web. Sin embargo, hasta ahora, la fiscalía no ha cumplido con esta orden.
Desde hace cuatro años, el periodista Alberto Pradilla ha intentado acceder a este expediente. Durante este tiempo, el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como dos tribunales administrativos y la propia Suprema Corte, han intervenido sin éxito para que la FGR proporcione la información solicitada.
A pesar del fallo de la Corte, la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, ha optado por ignorar el mandato judicial, argumentando que la sentencia nunca llegó a la oficina adecuada. Esta situación plantea interrogantes sobre la aplicación de la ley para otros ciudadanos que podrían enfrentar un incumplimiento similar.
En agosto de 2022, Pradilla solicitó una versión pública de la carpeta que investiga la “verdad histórica”, que sostiene que los estudiantes fueron asesinados en el basurero de Cocula y sus restos esparcidos en el río San Juan, una teoría desmentida por investigaciones independientes. El periodista buscaba conocer los avances en la investigación contra ex funcionarios como el ex fiscal general Jesús Murillo Karam, actualmente bajo arresto domiciliario, y Tomás Zerón de Lucio, quien se encuentra en Israel.
La ley mexicana prohíbe la reserva de información en casos de violaciones graves de derechos humanos, lo que llevó a Pradilla a confiar en que el INAI respaldaría su solicitud. Sin embargo, la FGR argumentó que la divulgación del expediente podría afectar la investigación y los derechos de los acusados, a pesar de que Pradilla solo solicitó datos sin identificar a las personas involucradas.
El INAI desestimó los argumentos de la fiscalía y el 15 de febrero de 2023 ordenó la entrega de la información en un plazo de 20 días. Sin embargo, la FGR notificó a Pradilla que un amparo presentado por antiguos acusados de Guerreros Unidos había bloqueado la entrega del expediente. Estos individuos, que habían sido encarcelados por su implicación en el caso, argumentaron que la divulgación del contenido podría perjudicarlos. Entre ellos se encuentra Agustín García Reyes, quien fue detenido en 2014 y cuya declaración fue fundamental para construir la “verdad histórica”.
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