Entre 2024 y 2025, más de 35,000 personas en México se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia y conflictos territoriales, según el Monitoreo de eventos de desplazamiento interno en México, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Este informe, coordinado por la Mtra. Andrea Horcasitas Martínez, señala que en 2024 se registraron 28,900 desplazados, y en 2025, 15,795, sumando un total de 390,000 personas desplazadas desde 2008.
Las entidades más afectadas en los últimos dos años son Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero. El monitoreo destaca que la violencia ha adoptado nuevas formas, incluyendo el uso de drones con explosivos y minas antipersona, lo que agrava la situación de las comunidades. En 2024, Chiapas concentró el 61.8% de los desplazamientos, seguido por Sinaloa con 15.5%.
El monitoreo también revela que, en 2025, Sinaloa registró el 39.2% de los desplazamientos, mientras que Chihuahua y Michoacán representaron el 28.4% y 21.3%, respectivamente. Las familias desplazadas a menudo abandonan sus hogares con lo puesto, enfrentando precariedad y violencia en nuevos municipios, sin ser reconocidas formalmente como víctimas.
Las nuevas estrategias de terror empleadas por grupos criminales han llevado a un aumento en el desplazamiento forzado, afectando gravemente el tejido social y la identidad cultural de las comunidades, especialmente de las indígenas. La Mtra. Horcasitas Martínez enfatiza la necesidad urgente de una Ley General sobre Desplazamiento Interno Forzado y un registro nacional actualizado para atender esta crisis humanitaria.
El Monitoreo, que se basa en datos de medios de comunicación y organizaciones, busca visibilizar la situación de quienes son desplazados y las respuestas institucionales, resaltando que “lo que no se cuenta no existe y lo que no se nombra no se atiende”.
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