El conflicto en Canal Once ha tomado un giro alarmante, con afirmaciones de que la situación fue una “entrega pacífica”, a pesar de las denuncias de estudiantes sobre la supuesta destrucción de videos. Este hecho ha generado dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de la acción, que algunos consideran un intento de acorralar a los involucrados. Este tipo de situaciones no se permitieron ni siquiera en tiempos de Salinas, y la doctora Claudia Sheinbaum no debería permitir que su administración sea marcada por ello.
Se menciona que el director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, cuenta con el respaldo de la familia López Beltrán, lo que podría explicar el silencio de la mandataria. Sheinbaum, con experiencia en movimientos estudiantiles, conoce el peso de enfrentar al poder desde la perspectiva de un estudiante, lo que hace aún más sorprendente la respuesta a este conflicto.
Reyes Sandoval tomó decisiones sin consultar a la Presidenta de la República ni al secretario de Educación Pública, lo que ha llevado a una disputa sobre la forma en que se resolvió el conflicto estudiantil. Canal Once sostiene que la entrega fue pacífica, mientras que los estudiantes afirman haber sido expulsados con violencia. La verdad debe salir a la luz a través de videos, testimonios y peritajes.
No se puede permitir que un funcionario actúe sin asumir las consecuencias políticas de sus decisiones. Paulo Freire plantea una reflexión sobre el papel de quienes, habiendo sido estudiantes, ahora permiten que otros sean tratados como enemigos del Estado. La ocupación de Canal Once y cualquier daño a la propiedad pública deben ser investigados, pero una protesta estudiantil no convierte automáticamente a los estudiantes en adversarios del gobierno.
El conflicto ha trascendido lo académico y se ha convertido en un asunto de poder. Es crucial determinar quién decidió que el diálogo había terminado y quién autorizó esa decisión. Si Reyes Sandoval actuó sin el conocimiento de la Presidenta y del secretario, ambos tienen derecho a exigirle cuentas. Si estaban al tanto y lo permitieron, la responsabilidad política se amplía.
La situación plantea una inquietante pregunta: ¿qué sucederá cuando los estudiantes regresen a clases y cuestionen la versión oficial? El riesgo de que el conflicto escale es real, especialmente bajo un gobierno que alguna vez fue encabezado por un estudiante del CEU. La incongruencia de esta situación es evidente y reitera la preocupación de Freire: ¿el oprimido se ha convertido en opresor?
Información vía fuente original
