La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó este domingo la Jornada Nacional de Reforestación, destacando la importancia de restaurar los bosques como una responsabilidad compartida entre la Federación, estados, municipios y la sociedad. La meta es ambiciosa: plantar 6.6 millones de árboles y un millón de semillas en más de 32 mil hectáreas a nivel nacional. El evento se inauguró en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, un área clave para la captación de agua y servicios ambientales.
En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García lideró la jornada estatal desde Acayucan, donde se prevé cubrir mil 736 hectáreas en 31 municipios, involucrando a más de 25 mil personas. En Acayucan, se reportó la plantación de 370 mil ejemplares de diez especies nativas, lo que es positivo para la restauración de la cobertura vegetal en el sur del estado.
Sin embargo, surge una pregunta crítica: ¿se está reforestando en las áreas que realmente lo necesitan? La falta de acción en regiones montañosas como el Pico de Orizaba o el Cofre de Perote, donde la deforestación amenaza la disponibilidad de agua, es preocupante. Los bosques de montaña son vitales, ya que regulan el agua y protegen el suelo.
El Gobierno de Veracruz ya ha reconocido la importancia del Pico de Orizaba, anunciando un proyecto para proteger mil 800 hectáreas, con inversiones previas de 37.7 millones de pesos para el Cofre de Perote. Sin embargo, una jornada de reforestación no debería limitarse a ser un evento simbólico. El verdadero desafío comienza antes de plantar un árbol, abarcando autorizaciones, vigilancia y el combate a la tala ilegal.
La SEMARNAT es responsable de autorizar el aprovechamiento forestal, mientras que la CONAFOR se ocupa del desarrollo sustentable y la PROFEPA debe sancionar las actividades ilegales. Veracruz tiene antecedentes que evidencian fallas en este sistema. En marzo de 2025, la PROFEPA clausuró un predio de 49 hectáreas en el Cofre de Perote, donde se detectó aprovechamiento no autorizado, resultando en la extracción de casi 293 metros cúbicos de madera.
La tala ilegal es un problema persistente en el Pico de Orizaba, donde operativos federales han asegurado madera y equipos. La pregunta es: ¿de qué sirve plantar millones de árboles si no se garantiza su supervivencia? El éxito de una política forestal debe evaluarse a largo plazo, considerando cuántos árboles sobreviven y cuántas hectáreas recuperan su cobertura.
Además, el control territorial es crucial. La explotación ilegal de recursos naturales a menudo está vinculada a la violencia y estructuras criminales. Por lo tanto, la protección forestal requiere un enfoque integral que incluya seguridad pública y colaboración entre diversas autoridades. La economía clandestina de la madera es compleja y debe ser investigada a fondo.
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