El presidente de Estados Unidos ha amenazado con implementar un operativo para extraer a líderes del crimen organizado en México, lo que podría obligar al país a aceptar la presencia de cazadores de recompensas en su territorio. Muchos de estos individuos ya se encuentran en México, equipados con tecnología militar avanzada. Esto se da en un contexto donde los cárteles, como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, han demostrado tener armamento de guerra, incluyendo fusiles Barrett .50 que pueden derribar helicópteros y bombas de racimo.
Un informe confidencial revela que el armamento del crimen organizado ha evolucionado de ser “civil” a tener un poder de fuego militar. Se han confiscado más de 800 fusiles Barrett en años recientes, los cuales tienen un alcance superior a 1,800 metros y pueden atravesar blindajes gruesos. Además, se han utilizado lanzacohetes antitanque como el RPG-7 y ametralladoras pesadas Browning calibre .50, capaces de atacar vehículos y aeronaves.
Entre las armas también se encuentran pistolas FN Five-Seven, conocidas por su capacidad de romper chalecos antibalas, y fusiles de asalto como el AK-47 y el AR-15, equipados con miras nocturnas y silenciadores.
El nivel de armamento es alarmante, incluyendo drones armados con cámaras térmicas y sistemas modernos de vigilancia, que se utilizan en ataques coordinados. Los sicarios también cuentan con vehículos blindados artesanales, conocidos como “narco-tanques”, y sistemas antidrones para contrarrestar dispositivos de las autoridades.
La creciente militarización del crimen organizado representa un alto riesgo para la población civil, lo que ha llevado a los centros de poder en Washington a desarrollar estrategias para minimizar daños colaterales en el conflicto.
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