La seguridad y la justicia son las principales responsabilidades del Estado, esenciales para mantener un orden social. Sin embargo, la percepción de que la ley se aplica de manera efectiva en México es cada vez más distante. A pesar de la promesa de que “caerá todo el peso de la ley” sobre quienes infrinjan las normas, la realidad muestra que las leyes parecen no tener un impacto real.
El modelo de selección de servidores públicos, que prioriza la obediencia sobre la capacidad, ha demostrado ser un fracaso. Este enfoque ha llevado a una falta de compromiso con el deber y a una erosión de la legalidad. En este contexto, el principio jurídico de que donde hay sociedad hay derecho se ha visto comprometido, ya que los conflictos surgen cuando las reglas son ignoradas.
La vida en comunidad depende de un consenso en torno a principios éticos y legales. Sin este acuerdo, la convivencia se convierte en un desafío. Actualmente, muchos mexicanos sienten que hay una resistencia a la legalidad en el ejercicio del poder, lo que genera un ambiente de incertidumbre entre la anarquía y el autoritarismo.
Mario Vargas Llosa describió a México como una “dictadura perfecta”, un término que ha resonado en el tiempo. Enrique Krauze lo complementó con la idea de “dictablanda”, mientras que Octavio Paz lo caracterizó como un sistema anómalo de dominación. Hoy, la situación ha cambiado; la Cuarta Transformación ha despojado al sistema de su disfraz, revelando una involución en lugar de una transición hacia la democracia.
Las promesas de campaña, especialmente la de fortalecer la institución del ministerio público, son fundamentales. Sin embargo, la independencia de esta institución ha sido cuestionada, evidenciando una sumisión preocupante. Casos emblemáticos como el homicidio de Luis Donaldo Colosio, el incendio de la guardería ABC y el caso Ayotzinapa siguen sin resolverse, reflejando la ineficiencia del Poder Judicial.
Es crucial abordar las fallas en la aplicación de la ley y no solo modificar códigos o crear nuevas instituciones como respuesta a los reclamos sociales. La solución radica en analizar y hacer cumplir el marco normativo existente para recuperar la confianza de la ciudadanía y fortalecer su conciencia cívica.
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