Colectivos ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos han convocado a una marcha el 28 de agosto para exigir la discusión y aprobación de la Ley Trasciende, que busca regular la eutanasia en México. La movilización comenzará a las 9:00 horas en Bellas Artes y se dirigirá hacia Palacio Nacional, donde se entregará un posicionamiento al Gobierno federal y al Poder Legislativo.
La Ley Trasciende propone un marco legal que permita a adultos con enfermedades terminales o que causen sufrimiento físico o psicológico insoportable solicitar la eutanasia de manera voluntaria, siempre bajo protocolos médicos y éticos que aseguren el consentimiento informado.
Las organizaciones promotoras argumentan que el debate sobre la eutanasia debe enmarcarse en la perspectiva de derechos humanos, resaltando la autonomía de las personas para decidir sobre su vida y su cuerpo. Actualmente, la legislación mexicana no garantiza el derecho a una muerte digna, ya que la figura de la Voluntad Anticipada solo permite rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida, sin incluir la eutanasia activa.
Aunque la eutanasia está prohibida en México y puede ser sancionada penalmente, existen leyes de Voluntad Anticipada en varias entidades que permiten a los pacientes expresar su decisión de no recibir tratamientos que alarguen el sufrimiento en casos de enfermedades terminales.
El debate también tiene un impacto particular en las mujeres, quienes a menudo son las principales cuidadoras de familiares enfermos. Activistas han señalado que el derecho a decidir sobre el final de su vida es parte de la autonomía corporal y de los derechos humanos, exigiendo que cualquier regulación garantice decisiones libres de violencia o coerción.
Samara Martínez, activista y figura clave en la promoción de la Ley Trasciende, ha compartido su experiencia con una enfermedad en fase terminal y ha llevado el debate sobre la muerte digna a la esfera pública. Martínez enfatiza que el derecho a decidir sobre el final de la vida es fundamental y busca que México reconozca legalmente este derecho, abriendo un espacio para una discusión nacional sobre el tema.
Información vía fuente original
