El país enfrenta una crisis de soberanía, donde el crimen organizado ejerce control en diversas regiones, afectando la justicia y la vida cotidiana. Esta situación se vuelve aún más crítica con el inicio del proceso electoral, en un entorno donde la confianza en el INE y el Tribunal Electoral es baja. Las autoridades de los tres niveles de gobierno deben cumplir con sus responsabilidades, dejando la contienda electoral a ciudadanos, partidos y candidatos.
Recientemente, un documento de la administración estadounidense sobre el narcotráfico ha resaltado la necesidad de que México intensifique sus esfuerzos contra los cárteles. Aunque se reconoce la colaboración entre ambos países, se exige que se tomen medidas más contundentes, incluyendo el procesamiento de funcionarios sospechosos de colaborar con el crimen organizado.
Es responsabilidad de las instituciones mexicanas actuar enérgicamente contra la criminalidad que opera en el país. La falta de acciones judiciales y la protección selectiva de ciertos individuos generan un ambiente propicio para las demandas de las autoridades estadounidenses hacia funcionarios públicos. Además, es crucial desmantelar el sistema que respalda al crimen, abarcando el financiamiento y el lavado de dinero.
Las autoridades deben enfocarse en estas tareas sin distracciones, asegurando que la organización y conducción de la elección se realice conforme a la ley. Es fundamental que cada entidad cumpla con su papel en este proceso, garantizando así un entorno seguro y justo para la democracia.
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