La Fiscalía General de la República investiga un entramado de once empresas presuntamente involucradas en el tráfico de hidrocarburos ilegales. El exgobernador Ernesto Ruffo Appel, actualmente en prisión en El Altiplano, es señalado como uno de los principales accionistas de esta red, que utiliza la empresa Ingemar como su figura central.
Según la investigación, se introducían al país gasolina y diésel sin declarar, utilizando diversas razones sociales como Ingemar, Servicios Portuarios y Dragados y Puertos, entre otras, para ocultar la actividad ilícita. Cuatro de estas empresas actuaban como destinatarias finales en documentos fiscales y aduaneros, disfrazando operaciones clandestinas como comercio legítimo.
Las cifras revelan un desvío alarmante: Ingemar y Servicios Aduanales JR canalizaron 163 ferrotanques de combustible sin el reporte correspondiente. En 2025, se tenía permiso para ingresar 216 millones de litros de gasolina y 173.2 millones de diésel, pero las cifras reales superaron los 760 millones de gasolina y mil 766 millones de diésel. Esto representa un excedente de más de 2,137 millones de litros que las autoridades no detectaron.
Crismon Hidrocarburos, parte de esta red, distribuía el combustible ilícito, con conexiones a Gasolinera Faza, que ya había sido relacionada con lavado de dinero y defraudación fiscal.
Muchas de las empresas involucradas operaban sin permisos vigentes de la Secretaría de Energía o de la Comisión Nacional de Energía. Su estrategia fiscal se centraba en un grupo reducido, simulando transacciones mientras mantenían el control de la operación. Este rompecabezas empresarial aparentaba independencia, pero todas las piezas seguían un mismo diseño.
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