La LXVII Legislatura de Veracruz aprobó una reforma que permitirá a los 212 Ayuntamientos del estado presentar sus proyectos de Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos en formato digital. La iniciativa, impulsada por el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, recibió 45 votos a favor y 1 en contra, eliminando la obligación de entregar documentos impresos en triplicado.
Esta modificación busca mejorar la eficiencia administrativa y generar ahorros, asegurando al mismo tiempo la seguridad jurídica mediante la autentificación de los archivos digitales. Según el dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Hacienda Municipal, el nuevo proceso no compromete la validez de los documentos presentados.
Los Ayuntamientos deberán enviar sus proyectos anualmente, en la segunda quincena de septiembre, a través de la Secretaría de Fiscalización. En caso de observaciones, esta Secretaría comunicará las observaciones pertinentes antes del 30 de octubre. Si un Ayuntamiento no cumple con el envío, el Congreso considerará los proyectos del año anterior y podrá ajustarlos según lo considere necesario.
Una vez aprobada la ley de ingresos, el Congreso ordenará su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, y los Ayuntamientos deberán difundir esta información en sus plataformas digitales.
La diputada Dorheny García Cayetano, del Grupo Legislativo de Morena, expresó que la modernización no siempre implica mayores presupuestos, sino la eliminación de obstáculos administrativos. La diputada Citlali Medellín Careaga, del PVEM, también respaldó la reforma, argumentando que el cambio a formatos digitales ahorra tiempo y recursos.
Por su parte, la diputada Elizabeth Morales García, del PT, destacó que las herramientas tecnológicas hacen obsoleta la impresión de documentos, mientras que Ana Rosa Valdés Salazar, del PRI, subrayó la importancia de capacitar a las autoridades municipales en el uso de estas nuevas tecnologías.
Durante el debate, el diputado Héctor Yunes Landa sugirió un transitorio para posponer la entrega de los documentos debido a la inminente implementación de la reforma y el tiempo limitado para que las autoridades locales se adapten.
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