La revisión de los recursos federales utilizados por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y las acciones contra los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste en Veracruz, han suscitado preocupaciones sobre una posible “fiscalización selectiva con tintes partidistas”. Analistas advierten que el uso de instituciones de control podría estar orientado más a objetivos políticos que a la rendición de cuentas genuina.
Recientemente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León a investigar presuntas “triangulaciones” de recursos públicos y gastos irregulares en publicidad relacionados con García. Este dictamen menciona que hay más de 4 mil millones de pesos pendientes de aclarar en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como irregularidades en obras públicas y contratos de servicios.
El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, ha solicitado a la ASF auditar varias obras emblemáticas del gobernador, como las del Metro y proyectos vinculados al Mundial de Fútbol. Por su parte, García ha rechazado las acusaciones, afirmando que ya han sido revisadas por diversas instancias, incluyendo el Gobierno Federal y la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, que determinaron que no hay ilegalidades.
Además, el gobernador enfrenta un juicio político en el Congreso de Nuevo León, aunque una jueza federal le otorgó un amparo que impide que se emita un dictamen definitivo. El Congreso local ha solicitado a la Suprema Corte revocar esta suspensión.
En Veracruz, el Congreso aprobó por mayoría la procedencia para retirar el fuero a los presidentes municipales de Úrsulo Galván y Ixhuatlán del Sureste, permitiendo a la Fiscalía General del Estado continuar con los procedimientos penales sin el obstáculo de la inmunidad procesal.
Movimiento Ciudadano ha denunciado que estas acciones constituyen una persecución política, argumentando que las instituciones de justicia están siendo utilizadas para judicializar selectivamente a sus gobiernos municipales. En este contexto, el partido en el poder en Veracruz es Morena, cuyo liderazgo se encuentra bajo la gobernadora Rocío Nahle García.
La fiscalización selectiva plantea serias implicaciones para la democracia, ya que erosiona la confianza en las instituciones. Cuando estas son vistas como herramientas políticas, la ciudadanía pierde fe en su imparcialidad, debilitando el sistema de equilibrios institucionales. En un momento crucial, a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, la estrategia de debilitar a figuras emergentes de la oposición puede estar en juego.
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