Durango enfrenta una creciente inquietud debido a su proximidad con Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí. Los ecos de la violencia resuenan nuevamente, trayendo a la memoria los gritos de dolor y las balaceras que marcaron una época oscura. Las familias, incluidas madres y abuelas, reviven el sufrimiento de perder a hombres y jóvenes que fueron atrapados por el cártel de los Zetas.
Entre 2008 y 2012, Durango vivió su crisis de seguridad más grave bajo los gobiernos de Jorge Herrera Caldera y José Rosas Aispuro, quienes ahora son prófugos. Durante esos años, la violencia organizada alcanzó niveles alarmantes, con un aumento en homicidios, extorsiones y fosas clandestinas, dejando un miedo persistente en la población.
El gobernador Esteban Villegas ha advertido sobre el “Efecto cucaracha”, que describe cómo, al perturbar un nido de delincuentes, estos no desaparecen, sino que se dispersan en busca de nuevos territorios. Esta migración incluye tanto a familias que buscan seguridad como a grupos criminales que intentan expandir su control en el norte del país.
A pesar de esta amenaza, Durango se destaca como el estado mejor calificado en seguridad pública, un logro que ha costado mucho a sus habitantes. Sin embargo, la historia enseña que la violencia no se elimina, sino que se desplaza, como un fuego que salta de un lugar a otro. Durango, que ha conocido el caos, debe proteger su progreso, consciente de que la sombra del pasado podría regresar, impulsada por el mismo viento que lleva a otros a huir.
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