La población en las cárceles de México ha aumentado de manera significativa durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según datos oficiales, el número de personas privadas de libertad pasó de 236,773 a 276,873 entre finales de 2024 y septiembre de 2026, lo que representa un incremento cercano al 17%. Este aumento contrasta con la cifra de aproximadamente 232,000 internos al inicio del sexenio, lo que indica un incremento de entre 19% y 20%. En agosto de 2026, la presidenta reconoció que la población carcelaria había crecido entre 14% y 15% durante su gestión.
Este crecimiento es preocupante, ya que indica que la política de seguridad del gobierno ha llevado a más detenciones, pero el sistema de justicia penal no cuenta con la capacidad necesaria para procesar a los detenidos de manera eficiente y respetando sus derechos humanos. Un dato relevante es que, contrariamente a la afirmación de que solo el 4% de los internos está sentenciado, el Censo Nacional del Sistema Penitenciario revela que, al cierre de 2025, el 57.8% de los internos sí tenía sentencia, mientras que el 42.2% -equivalente a 97,722 personas- se encontraba en proceso.
La situación es alarmante, ya que más de cuatro de cada diez internos no tienen una condena firme, lo que pone de manifiesto fallas en la prisión preventiva y en la administración de justicia. En los primeros dos años del actual gobierno, se registraron 70,571 detenciones por delitos de alto impacto, un ritmo superior al de la administración anterior. Sin embargo, llenar las cárceles sin fortalecer simultáneamente los juzgados y las fiscalías convierte a la prisión en una mera válvula de escape, en lugar de una solución de justicia.
El gobierno ha anunciado la construcción de seis nuevos penales en estados como Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, que sumarán 18,480 espacios, aumentando la capacidad nacional de 205,170 a 248,648. Sin embargo, incluso si estas instalaciones se construyen y ocupan de inmediato, la capacidad total seguiría siendo insuficiente para los 276,873 internos reportados en septiembre de 2026.
Actualmente, 156 centros penitenciarios operan con sobrepoblación, con 45,099 personas más de lo que su capacidad permite. Un caso extremo es el penal de Neza-Bordo, que alberga a 38,681 internos, a pesar de tener una capacidad para 16,310, un exceso del 137%. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado medidas inmediatas ante esta situación.
En Veracruz, se contempla la ampliación del penal de Papantla y la construcción de un nuevo centro, lo que podría ayudar a aliviar la presión local. Sin embargo, estas acciones no deben considerarse una solución definitiva. Un nuevo penal no resolverá problemas como la prisión preventiva injustificada, la lentitud en los juicios, ni garantizará una defensa adecuada.
El hacinamiento en las cárceles no solo es un problema de infraestructura, sino también una violación a los derechos humanos. La falta de atención médica, el hacinamiento extremo y la convivencia con violencia y corrupción son situaciones inaceptables que el Estado debe abordar.
Para una política penitenciaria efectiva, es necesario reducir las entradas innecesarias, acortar las permanencias injustificadas y garantizar condiciones dignas para quienes deben permanecer encarcelados. Esto implica revisar los casos de las 97,722 personas sin sentencia, priorizar audiencias de revisión y fortalecer la defensa pública.
Además, se deben ampliar las alternativas a la prisión y asegurar que cada detención cuente con un plan procesal claro. México necesita una agenda penitenciaria que contemple compromisos verificables para reducir la prisión preventiva injustificada, descongestionar el sistema de justicia penal y garantizar condiciones mínimas de vida digna en los centros penitenciarios.
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