El desafuero del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Moreno, es inminente y podría desestabilizar el control de Movimiento Ciudadano en la región centro-costa de Veracruz. La Fiscalía General del Estado investiga a Bravo por desaparición forzada de personas, un delito grave que podría llevar a su destitución.
Este desafuero no solo afecta a Bravo, sino que pone en riesgo el llamado “corredor naranja”, que abarca cinco municipios: Úrsulo Galván, La Antigua, Puente Nacional, Paso de Ovejas y Jalcomulco. Todos estos municipios están vinculados políticamente a Bravo, siendo Bibiana “Bibi” Báez, alcaldesa de Puente Nacional, una de sus principales aliadas.
La consolidación de este corredor fue impulsada por el diputado federal y delegado de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Sergio Gil, quien logró establecer una base territorial sólida en la zona. Sin embargo, la situación se complica con el anuncio del desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, otro edil emecista que enfrenta acusaciones similares.
La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, encabezada por Luis Carbonell de la Hoz, no ha demostrado la capacidad de manejar crisis de esta magnitud, lo que genera preocupación entre los miembros del partido. La combinación de un corredor territorial amenazado y una dirigencia débil podría cambiar drásticamente la perspectiva del partido hacia las elecciones de 2027.
La desaparición forzada es un delito severamente castigado por el sistema de justicia mexicano, y no hay fuero que proteja a alguien enfrentando tales acusaciones. Movimiento Ciudadano se encuentra ante una encrucijada: defender a un alcalde acusado de un delito grave y arriesgar su capital político, o aceptar la pérdida de control en esta zona clave.
Ambas decisiones conllevan un costo significativo, y la política, al igual que la vida, no permite evadir las consecuencias.
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