*Crecen señalamientos sobre intento de encubrimiento**
Uruapan, Michoacán, 14 de noviembre de 2025 — Dos hombres fueron ejecutados en las últimas horas en distintos puntos del estado de Michoacán.
De acuerdo con fuentes locales, ambos habrían estado vinculados al asesinato del activista y excandidato Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido en junio pasado. Uno de los fallecidos era un joven de aproximadamente 20 años; el otro, un hombre adulto cuya identidad no ha sido oficialmente confirmada.
Diversos actores políticos y sociales han expresado preocupación ante lo que consideran una posible maniobra para silenciar a los autores materiales del crimen, impidiendo así que se esclarezca la autoría intelectual del homicidio. La hipótesis ha cobrado fuerza luego de que se recordaran las transmisiones en vivo y declaraciones públicas del propio Manzo, quien **señaló directamente a personas presuntamente vinculadas al partido oficialista Morena** como responsables de amenazas y actos de hostigamiento en su contra.
La actual alcaldesa de Uruapan, **Grecia Quiroz García**, viuda de Manzo, ha exigido en días recientes que las autoridades federales redireccionen los operativos de seguridad hacia las zonas serranas donde operan células del crimen organizado. En una reunión con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, cuestionó la efectividad de la Operación Paricutín, al considerar que su despliegue en zonas urbanas no atiende los focos reales de violencia.
Organizaciones de derechos humanos han solicitado a la Fiscalía General de la República atraer el caso, ante el riesgo de que las ejecuciones recientes formen parte de una cadena de encubrimientos. “La eliminación de testigos clave o posibles autores materiales es una práctica conocida en contextos de impunidad estructural”, señaló un comunicado del Colectivo Justicia y Dignidad.
Hasta el momento, ni la Fiscalía estatal ni el gobierno federal han emitido una postura oficial sobre la relación entre los asesinatos recientes y el caso Manzo. La falta de avances en la investigación ha alimentado el escepticismo ciudadano y la percepción de que **la violencia política en Michoacán permanece impune y protegida por redes de poder**.
