Violencia política de género como arma de censura
La estrategia legal de acusar de violencia política de género para acallar críticas a los políticos se usa como arma para restringir libertades. El problema hoy en México es que no es sólo un ardid para censurar en redes, sino que también da lugar a una atmósfera de abuso de poder de personajes públicos que manipulan la prohibición en beneficio personal.
En los últimos tiempos crecen notablemente las sanciones a periodistas que quieren acallar por los escandalos politicos de la nueva clase en el poder, y contra tuiteros por parte de autoridades administrativas y judiciales que, aplica esta nueva forma de hostigamiento judicial para inhibir la participación social y política en plataformas digitales.
El mensaje va en contra no solo de las victimas de la articulacion de este hecho por politicas y politicos sino contra el avance de las propias mujeres pues la figura se creó para proteger la participación política de las mujeres en el debate público. La utilizacion mal sana de este logro del feminismo desvirtúa una protección legítima de luchas históricas de las mujeres, que se instrumentaliza como una forma de censura.
El abuso del poder de una clase politica que con gran avaricia corrompe a instituciones igualmente susceptibles de someterse a la practicas corruptas de quien las promueve- vease caso de censura contra tuiteras y mujeres periodistas, para utilizar como escudo la denuncia violencia política contra mujeres y hombres sin justificasion alguna donde aducen mentiras, ambiguedades e e imprecisiones en las que entran en el juego institutos que debian turelar los derechos de las mujeres y actúan hasta de manera extemporánea.
En esa ratonera engañosa han caído muchas resoluciones desproporcionadas del TEPJF contra medios, periodistas y tuiteros por denuncias de funcionarios, en su mayoría ligados al gobierno y políticos de Morena. Es el caso de Karla Estrella, que fue multada e inscrita en el registro de sancionados como violentadores del INE por un mensaje en X que cuestionaba las listas de candidaturas de la elección judicial en Sonora contra la diputada Karina Barreras, con alusiones a su marido, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Por similares acusaciones, el INE ordenó bajar una columna de Héctor de Mauleón en Tamaulipas, en la que criticaba a otra candidata judicial, al igual que otros medios castigados, como Código Magenta, Tribuna y SinEmbargo.
La violencia política de género está tipificada como delito electoral desde 2019 para impedir que expresiones discriminatorias o descalificaciones afecten las capacidades de las mujeres para hacer política. Pero es tal la manipulación del concepto, que la autoridad electoral admitió hasta una denuncia contra un hombre, Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs A.C., de parte del exconsejero jurídico de la Presidencia y, rayando en el absurdo, un comentario de la actriz y conductora Laisha Wilkins sobre un tuit de un medio que mereció castigo por reírse del apodo de una aspirante judicial.
El mayor riesgo de desnaturalizar su sentido es que las reformas sobre ciberacoso utilicen ese delito de manera abusiva y arbitraria contra cualquiera que incomode a algún personaje público; y de emplearlo como subterfugio para inhabilitar cuestionamientos de medios y periodistas sin tener que pagar el costo de la censura abierta en los medios tradicionales. La sanción del delito alcanzó en sus primeros 4 años de aplicación, según el registro del INE, a 289 hombres y 74 mujeres, de las cuales casi un tercio en 2024 eran procesos abiertos contra periodistas. Pero, en el marco de las campañas judiciales y estatales, desde mayo se multiplicaron los procedimientos.
Frente a todo esto, el gobierno rebate que no hay censura porque los medios dicen o escriben cuanto quieren, una afirmación que, en muchos sentidos, es cierta y, en otros, no, cuando la protección a la mujer para hacer política sin demérito de sus capacidades se convierte en una ventaja para los personajes del poder político sobre la ciudadanía, como los principales usuarios y beneficiarios del mal uso de este delito para anular a sus críticos.
