La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de críticas por su estilo de gobierno, que algunos analistas han comenzado a calificar como “Despotismo Criminal”. Este término sugiere una modalidad de concentración del poder que se aleja de las definiciones clásicas de dictadura y tiranía, donde las instituciones son subordinadas al poder político y la persecución reemplaza al debate público.
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se considera uno de los primeros indicios de este nuevo enfoque. Esta decisión no solo implicó la anulación de un proyecto significativo, sino que también evidenció un ejercicio unilateral del poder, ignorando compromisos previos y estudios técnicos.
Sectores de la población se encuentran atrapados en programas sociales que, lejos de ser soluciones temporales, se convierten en mecanismos de dependencia política. A pesar de las críticas a la corrupción, se señala que el uso de recursos públicos para asegurar lealtades políticas también representa una forma de corrupción.
Porfirio Muñoz Ledo fue uno de los primeros en utilizar el término “narcogobierno” para describir el régimen actual. Aunque esta afirmación fue desestimada en su momento, recientes investigaciones han reavivado el debate. La respuesta del gobierno ha sido la censura y la persecución de disidentes, comenzando con figuras como Ernesto Ruffo Appel.
Las advertencias de políticos como Gerardo Fernández Noroña sobre la persecución de opositores, junto con las declaraciones de la presidenta durante sus conferencias matutinas, han alimentado la percepción de un clima de represión política. El Despotismo Criminal se distingue por la captura de instituciones, el uso del aparato estatal para hostigar adversarios y la posible infiltración de la delincuencia organizada en el poder.
La historia muestra que ningún régimen se sostiene indefinidamente cuando pierde legitimidad. Si las instituciones democráticas continúan debilitándose y se eliminan los canales pacíficos para resolver conflictos, México podría enfrentar una crisis social de grandes proporciones. Reconocer los signos del Despotismo Criminal es crucial para evitar un deterioro institucional que lleve al país a una crisis histórica.
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