Recientemente, el Congreso del Estado de Veracruz dio su visto bueno a la iniciativa de reforma presentada por la gobernadora Rocío Nahle. Esta medida busca eliminar los obstáculos burocráticos y legales que impiden la inversión en infraestructura, mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas que no cuentan con escrituras, muchas de las cuales se encuentran en terrenos estatales, ejidales o asentamientos irregulares.
La gobernadora Nahle ha tomado la iniciativa para que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) regularice estos terrenos, proporcionando así certeza jurídica a los planteles educativos del estado. Esta acción se realiza en colaboración con la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional.
Durante sus campañas, tanto Rocío Nahle como Daniela Griego, actual presidenta municipal de Xalapa, enfatizaron la necesidad urgente de regularizar la tierra, ya que el desarrollo urbano irregular en las escuelas requiere servicios municipales, y una gran cantidad de estos inmuebles son ejidales.
Luis Hernández Palacios Mirón, exprocurador nacional agrario, destacó la importancia de incorporar al patrimonio del Gobierno del Estado los inmuebles donde se imparte el servicio educativo. La Constitución Política del Estado de Veracruz, en su artículo 49, otorga a la gobernadora la responsabilidad de promover la educación pública y hacer cumplir las leyes.
Desde 1992, el Gobierno Federal ha implementado diversas acciones para regularizar la propiedad social, comenzando con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), seguido por el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) y actualmente el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RAJJA), impulsado por el presidente López Obrador.
A pesar de los avances, cerca del 36% de los centros educativos en Veracruz aún están en tierras de propiedad social, y aproximadamente 2,000 de ellos carecen de documentos que les otorguen certeza jurídica. Esto limita su inclusión en programas de inversión pública, lo que resalta la relevancia de la iniciativa de la gobernadora y del Congreso.
Se espera que Raquel Bonilla, secretaria de la SEV, inicie pronto un diálogo con los alcaldes para fomentar la regularización de tierras en las escuelas.
En otro tema, los presidentes municipales de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, Bertín Bravo Montero y Raúl González Martínez, enfrentan procesos de desafuero en el Congreso del Estado, promovidos por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. El pleno del Congreso se reunirá el 5 de agosto para discutir y votar sobre la inmunidad procesal de estos ediles.
Información vía fuente original
