Políticos en Veracruz están comenzando actividades proselitistas antes del inicio oficial de las campañas. A pesar de las restricciones legales, estos actores optan por realizar eventos de “agradecimiento”, encuentros “ciudadanos” y otras actividades que disfrazan su intención de captar votos. La legislación electoral prohíbe estas acciones antes de tiempo, pero muchos parecen ignorar las reglas.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, Gilberto de Jesús Salazar Ceballos, advirtió que las infracciones relacionadas con actos anticipados de campaña pueden poner en riesgo el registro de candidaturas, especialmente si hay reincidencia o si la gravedad de la infracción lo justifica. Esto no es una amenaza, sino la aplicación de la ley.
La legislación electoral busca garantizar que todos los contendientes tengan igualdad de oportunidades, evitando que quienes cuentan con más recursos o influencia obtengan ventajas indebidas. Sin embargo, algunos políticos parecen ver las sanciones como un costo aceptable, dispuestos a pagar multas y continuar con sus estrategias de posicionamiento.
Salazar Ceballos aclaró que estar en el padrón de personas sancionadas no implica automáticamente perder el derecho a ser candidato, aunque la reincidencia y la gravedad de las infracciones pueden cambiar esta situación. Esta distinción es crucial para entender las consecuencias de las acciones anticipadas.
Muchos políticos podrían estar subestimando esta advertencia, creyendo que mientras no digan explícitamente “vota por mí”, pueden eludir la ley. Sin embargo, la jurisprudencia electoral considera el contexto y la intención detrás de las acciones, no solo las palabras. La simulación de eventos ciudadanos no oculta el objetivo electoral.
En Veracruz, ya se observa una competencia por aparecer en medios y eventos, donde todos afirman respetar la ley mientras intentan encontrar formas de eludirla. Esta estrategia puede volverse en su contra, ya que la propaganda anticipada podría ser utilizada por adversarios para impugnar candidaturas.
La democracia demanda competencia justa, no ventajas ilegales. Los aspirantes que comienzan violando la ley para alcanzar el poder podrían no respetarla una vez en el cargo. Quienes recurren a la trampa antes de ser candidatos ya han mostrado su verdadera forma de ejercer el poder.
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