Este miércoles 26, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomará una decisión crucial que podría definir el futuro de Que Siga la Democracia (QSD) como el tercer partido político nacional para las elecciones de 2027. Esto ocurre tras la negativa del Consejo General del INE de otorgar el registro a QSD el 25 de junio, debido a 92 afiliaciones consideradas inconsistentes de un total de más de 302 mil registros validados.
Edgar Garza Ancira, presidente nacional de QSD, ha argumentado que la cantidad de afiliaciones problemáticas es mínima y que la decisión del INE carece de suficiente justificación. Su abogado, René Quiñones, sostiene que la sanción a menos de cien afiliaciones no debería afectar los derechos políticos de los trescientos mil ciudadanos que apoyan el proyecto.
Un aspecto que complica la situación es que el mismo 25 de junio, el INE otorgó el registro a otros partidos, como PAZ (Construyendo Sociedades de Paz) y Somos México, a los cuales QSD acusa de tener irregularidades más graves. Si la Sala Superior toma en cuenta esta comparación, el fallo del miércoles no solo definirá el panorama político para 2027, sino que cuestionará la imparcialidad del INE en su decisión.
El TEPJF ha establecido previamente que el INE no puede aplicar criterios adicionales a los que establece la ley, lo que genera expectativas en QSD sobre un fallo favorable. La urgencia de la decisión es significativa, ya que el proceso electoral inicia el 10 de septiembre, y cualquier retraso podría afectar la equidad en la contienda electoral.
Por otro lado, en el ámbito de PAZ, Gonzalo Guízar Valladares fue designado como presidente del Comité Directivo Estatal en Veracruz sin contratiempos, en una Asamblea Nacional que ratificó lo que ya se anticipaba. Alejandro Devaux Zurita, quien también aspiraba a la dirigencia, no logró posicionarse antes de la elección.
Arturo Mariscal, representante de PAZ ante el OPLE Veracruz, desmintió cualquier rumor sobre asignaciones anticipadas para el comité estatal, afirmando que solo la Asamblea Nacional tiene la autoridad para definir estas posiciones. Este desenlace confirma que la situación de Devaux fue más un tema de forma que de fondo.
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