La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha instado a México a llevar a cabo una reforma integral en su sistema de pensiones, advirtiendo sobre la creciente presión que el envejecimiento poblacional ejerce sobre las finanzas públicas. Actualmente, 22 de cada 100 pesos del gasto público se destinan a pensiones, lo que representa un aumento significativo en comparación con los 15.92 pesos de cada 100 en 2020.
Para 2026, se estima que este gasto alcanzará 16.85 pesos de cada 100, y si se consideran las pensiones contributivas junto con el ingreso básico para adultos mayores, se prevé que las transferencias para este sector representen 22 pesos de cada 100 en el presupuesto. En el primer semestre de 2026, el gasto en pensiones alcanzará 1.13 billones de pesos, equivalente al 71.9% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
El Congreso aprobó un gasto total en pensiones de 2.32 billones de pesos para 2026, lo que equivale a aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. La Cepal advierte que para 2050, las personas de 60 años y más representarán una cuarta parte de la población de la región, lo que plantea desafíos significativos para los sistemas de pensiones.
Entre las propuestas para abordar esta situación, se sugiere aumentar gradualmente la tasa de contribución del sistema de capitalización individual del 15% actual al 18-20% en los próximos diez años. Esto permitiría a los trabajadores acumular más recursos para su retiro y reducir la dependencia del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Además, se recomienda ajustar las edades de jubilación, elevándolas de 65 a 68-70 años para hombres y de 60 a 65 años para mujeres. También se plantea la creación de un esquema de jubilación flexible que permita a los trabajadores continuar laborando parcialmente tras alcanzar la edad oficial.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha confirmado la operatividad del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que complementa las pensiones generadas por el sistema de Afores. Sin embargo, se sugiere reducir gradualmente el complemento del 100% al 80-85% del último salario y establecer un tope máximo de pensión.
Finalmente, se propone la creación de una aseguradora pública sin fines de lucro para administrar las pensiones de trabajadores de menores ingresos, lo que podría resultar en una mayor eficiencia y reducción de costos administrativos.
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