La reciente aprobación de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, conocida como el “predialazo”, ha generado preocupación entre los propietarios de bienes inmuebles. La Cámara de Diputados la aprobó en la madrugada del miércoles y ahora se encuentra en manos del Senado. El gobierno argumenta que esta ley busca “modernizar los catastros, ordenar los registros inmobiliarios y fortalecer las finanzas municipales”.
Sin embargo, el aumento del valor catastral puede resultar en un incremento en el monto que los propietarios deben pagar, a pesar de que las tasas impositivas se mantengan sin cambios. Esto plantea un dilema: modernizar los registros administrativos no debería ser un pretexto para aumentar la carga fiscal sin considerar la situación económica de los ciudadanos.
La iniciativa prevé que la actualización de valores catastrales y la inclusión de propiedades no registradas ampliarán la base gravable, lo que podría traducirse en un aumento en la recaudación. La periodista Maricarmen Cortés ha señalado que entre las propuestas en consulta pública se discute un predial basado en valores comerciales, que podría alcanzar hasta un uno por ciento. Por ejemplo, una propiedad valorada en diez millones de pesos tendría que pagar cien mil pesos anuales, una carga difícil de asumir para muchos.
Este escenario es especialmente preocupante para quienes poseen viviendas heredadas en zonas con alta plusvalía, como la colonia Roma o Condesa, donde los propietarios podrían ser jubilados o personas con ingresos limitados. La pregunta crucial es: ¿deberán vender sus hogares debido a un aumento en su valor catastral?
El programa metropolitano también sugiere medidas para aprovechar terrenos baldíos, pero esto podría afectar a familias que han adquirido terrenos con la intención de construir en el futuro. No todos los propietarios son especuladores, y es fundamental reconocer que la capacidad de pago varía entre ellos.
Ejemplos de otros países, como Colombia y Perú, muestran que es posible implementar tarifas diferenciadas y beneficios fiscales para pensionistas. En México, cualquier cambio que incremente las contribuciones debería incluir protecciones claras para los propietarios, especialmente para aquellos con recursos limitados.
Además, es esencial contar con mecanismos transparentes para impugnar valuaciones y establecer límites razonables a los incrementos. La modernización de catastros es necesaria, pero no debe convertirse en un instrumento para aumentar la recaudación sin salvaguardar los derechos de los propietarios.
Los ciudadanos merecen saber qué recibirán a cambio de pagar más. Los impuestos deben traducirse en mejores servicios y no ser simplemente una respuesta a las necesidades financieras del gobierno. La propiedad privada no debería ser vista como una fuente inagotable de recursos para solucionar problemas administrativos.
Es fundamental que el gobierno aclare cómo protegerá a los propietarios y evitará que la actualización de registros ponga en riesgo el patrimonio familiar. Para millones de mexicanos, tener una casa propia representa la seguridad obtenida tras años de esfuerzo, y ninguna política fiscal debería transformar esa seguridad en una amenaza.
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