El Consejo General del INE enfrenta críticas por decisiones que podrían socavar la confianza en el proceso electoral. La certeza electoral requiere un enfoque riguroso en cada etapa del proceso, y tres recientes determinaciones del organismo evidencian esta problemática.
Una de las decisiones más controversiales es la restricción a las expresiones de dirigentes opositores, incluidos legisladores, quienes cuentan con una protección constitucional especial. Limitar el debate político debe justificarse con criterios sólidos, especialmente cuando desde el gobierno se les acusa de traición a la patria.
Otro punto de preocupación es el manejo de las boletas “planchadas”. La falta de dobleces en estas boletas genera dudas sobre las condiciones en que se emitieron y resguardaron los votos. Permitir su cómputo sin garantías adecuadas compromete la certeza electoral, sobre todo considerando la violencia y la intervención criminal en elecciones anteriores.
Además, el INE decidió no cotejar adecuadamente a los aspirantes a observadores electorales, basándose únicamente en una declaración bajo protesta de decir verdad. Esta decisión minimiza la responsabilidad de verificar que no existan vínculos con programas sociales, lo cual es esencial para mantener la independencia de la observación electoral.
El Tribunal Electoral ha corregido las dos últimas decisiones del INE, lo que es un paso positivo, pero estas rectificaciones no son suficientes para disipar las dudas sobre la actuación del organismo. La confianza en un tribunal se basa en la consistencia de sus resoluciones, especialmente en un contexto electoral.
Además, se observa una creciente tolerancia hacia actividades que anticipan las campañas electorales, lo que no solo incumple el calendario, sino que también altera la equidad al otorgar ventajas a quienes se adelantan. Esto genera incertidumbre sobre el origen y destino de los recursos utilizados.
Uno de los mayores riesgos en los comicios es el financiamiento ilegal, particularmente el que proviene de actividades criminales. Cuando la promoción electoral se adelanta y los controles se implementan posteriormente, la fiscalización se vuelve ineficaz.
La certeza electoral se construye antes de la jornada, exigiendo libertad de debate, garantías para cada voto y una vigilancia efectiva del financiamiento. La responsabilidad del INE y del Tribunal es asegurar que la ventaja política no favorezca al partido en el poder a expensas de la legalidad. La credibilidad de estas instituciones depende de su capacidad para actuar con rigor y equidad.
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