El ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, respondió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien solicitó una revisión de las contrataciones y antecedentes del organismo. Córdova defendió su gestión de 2014 a 2023, asegurando que durante su mandato el INE fue sometido a auditorías de diversas instancias, las cuales no encontraron irregularidades significativas.
La controversia surge en medio de cuestionamientos sobre la trayectoria de Guadalupe Taddei Zavala y acusaciones sobre la concentración de contratos para la producción de materiales electorales. Sheinbaum ha señalado que un pequeño grupo de empresas ha monopolizado estos contratos durante años y ha propuesto investigar adjudicaciones pasadas, además de fortalecer Talleres Gráficos de México para disminuir la dependencia de proveedores externos.
Córdova, a través de un mensaje en su red social X, expuso que los controles implementados durante su presidencia fueron efectivos y cuestionó el motivo detrás de las declaraciones de la mandataria. Desde su perspectiva, tales afirmaciones buscan desviar la atención de la responsabilidad del gobierno actual respecto a la situación del INE.
“En todos los años de mi gestión, el INE fue auditado por la ASF sin encontrar irregularidades y sus observaciones fueron atendidas en tiempo y forma. La última auditoría, correspondiente a 2022, salió sin ningún señalamiento”, afirmó Córdova.
El exconsejero también mencionó el papel del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, que desde 2019 ha sido dirigido por un titular nombrado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Según Córdova, este órgano tampoco encontró irregularidades relevantes durante su gestión.
Córdova se mostró abierto a una nueva auditoría, retando a las autoridades a revisar los ejercicios presupuestales y contrataciones de su administración. “Quienes hemos tenido gestiones transparentes y apegadas a la ley no tenemos nada que temer”, añadió.
La controversia se centra en las empresas que han recibido contratos para fabricar materiales electorales, con antecedentes que se remontan a finales de los años 90 en el Estado de México. Sheinbaum ha reiterado que el objetivo de la revisión es transparentar las contrataciones y deslindar responsabilidades si se encuentran irregularidades.
La Auditoría Superior de la Federación ha comenzado una investigación sobre posibles anomalías en las contrataciones relacionadas con el INE y otros organismos electorales, lo que podría contribuir a esclarecer la historia de las adjudicaciones y los procedimientos utilizados.
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