La LXVII Legislatura de Veracruz aprobó el dictamen de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas 2025, con 41 votos a favor y siete en contra. La votación tuvo lugar durante la Novena Sesión Ordinaria del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, donde se discutió el documento presentado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) el 22 de septiembre de 2026.
Este informe abarca la gestión financiera de diversas entidades, incluyendo el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, organismos autónomos y la Universidad Veracruzana (UV), así como municipios y entidades paramunicipales. En el caso del Congreso del Estado, las auditorías no detectaron irregularidades que pudieran implicar un daño patrimonial, aunque se encontraron inconsistencias administrativas que llevaron a recomendaciones.
Para el Poder Ejecutivo, las auditorías realizadas en 16 dependencias y 31 organismos públicos descentralizados también revelaron inconsistencias administrativas, pero sin irregularidades significativas. En el Poder Judicial, las revisiones no encontraron daños patrimoniales, aunque se identificaron inconsistencias similares.
Sin embargo, en la Universidad Veracruzana se reportó un presunto daño patrimonial de 225 mil 023 pesos, junto con observaciones administrativas. En los 181 municipios auditados, se detectaron irregularidades que podrían implicar un daño patrimonial de 2 mil 703 millones 301 mil 531 pesos, además de inconsistencias administrativas. En 30 municipios no se encontraron irregularidades, pero sí algunas inconsistencias.
Las auditorías a 14 entidades paramunicipales revelaron irregularidades y un daño patrimonial de 42 millones 156 mil 725 pesos. En 16 organismos públicos descentralizados, se identificaron irregularidades que resultaron en un presunto daño patrimonial de 3 millones 975 mil 377 pesos.
El dictamen también incluye los resultados de 38 auditorías y establece que la revisión de la Cuenta Pública del municipio de El Higo, entregada el 14 de septiembre, será auditada en el siguiente Procedimiento de Fiscalización Superior. El diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, del Grupo Legislativo de Morena, enfatizó que la aprobación del dictamen no concluye la fiscalización, sino que se debe continuar hasta que se atiendan las observaciones y se determinen responsabilidades.
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