La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el 28 de octubre su intención de erradicar la concentración de contratos para la producción de papelería y materiales electorales en un pequeño grupo de empresas, a las que denominó “coyotes electorales”. En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, propuso potenciar la capacidad de Talleres Gráficos de México, una empresa estatal, y revisar las contrataciones realizadas en las últimas dos décadas para identificar posibles irregularidades.
Sheinbaum destacó que la problemática no se limita a las controversias actuales del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que es fundamental analizar el historial de las empresas que han suministrado materiales a las autoridades electorales. Esta propuesta surge en medio de acusaciones sobre irregularidades en los contratos del INE y la necesidad de mayor transparencia en el uso de recursos públicos para las elecciones.
“Acabamos con los mapaches electorales, ahora vamos a acabar con los coyotes electorales”, afirmó la presidenta, diferenciando entre las prácticas de manipulación electoral y los intermediarios que han dominado el mercado de producción de materiales electorales. Afirmó que alrededor de cuatro empresas controlan estos contratos y cuestionó la repetida adjudicación de contratos a un grupo reducido de proveedores.
Sheinbaum propuso revisar cómo se asignan los contratos, transparentar sus antecedentes y establecer sanciones en caso de comprobarse irregularidades. Además, sugirió fomentar la competencia entre proveedores privados, si su participación se mantiene, para evitar la concentración de contratos en pocas manos.
El fortalecimiento de Talleres Gráficos de México es un eje central de su propuesta. La mandataria defendió la idea de que esta empresa pública aumente su capacidad para producir papelería electoral, asegurando que sus procedimientos también sean sometidos a mecanismos de transparencia. No obstante, también dejó abierta la posibilidad de que más empresas participen, siempre que exista competencia real.
Sheinbaum solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revise las contrataciones en cuestión y determine si hay elementos para fincar responsabilidades o presentar denuncias penales. La mandataria enfatizó que la revisión debe abarcar no solo los últimos años, sino también el historial de las empresas involucradas, argumentando que las controversias sobre proveedores de material electoral tienen antecedentes más amplios que la administración actual del INE.
La relevancia del tema aumentó tras reportes sobre investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera que involucran a siete empresas proveedoras de material electoral, como Corporativo Zeg y Cajas Graft, relacionadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández. Estos reportes sugieren posibles simulaciones de competencia en los procedimientos de contratación y operaciones financieras irregulares.
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