La propuesta de llevar a cabo un censo de periodistas en Veracruz ha suscitado un intenso debate que trasciende la simple recopilación de nombres. Este tema toca uno de los aspectos más críticos en una sociedad democrática: la interacción entre el Estado y la libertad de expresión.
La iniciativa podría ser vista como positiva, ya que conocer el número de periodistas activos, sus condiciones laborales y necesidades de capacitación podría ayudar a diseñar políticas públicas que fortalezcan su labor. Sin embargo, surgen interrogantes que aún no tienen respuesta.
¿Quién será el encargado de organizar el censo? ¿Con qué base legal se llevará a cabo? ¿Será un proceso voluntario o tendrá carácter obligatorio? Además, es crucial saber quién protegerá la información recopilada y cómo se utilizarán los datos personales de los participantes. La pregunta más relevante es: ¿quién definirá quién es periodista y quién no?
El ejercicio del periodismo no se limita a una licencia o credencial gubernamental. Hay periodistas con años de experiencia que no tienen un título universitario, así como profesionales titulados que nunca han escrito una noticia. La diversidad del gremio complica la posibilidad de encasillarlo en una definición administrativa única.
Por ello, cualquier censo debe llevarse a cabo con total transparencia y con la participación de organizaciones periodísticas, universidades y expertos en comunicación. No debe convertirse en un mecanismo que otorgue certificados de autenticidad ni en un medio para categorizar a los periodistas en ‘oficiales’ y ‘no oficiales’.
Si el objetivo es fortalecer al gremio, la inclusión debe ser prioritaria. También es esencial asegurar la protección de los datos personales, considerando que ejercer el periodismo en México implica riesgos. La información sobre la identidad y otros datos sensibles debe manejarse con los más altos estándares de confidencialidad.
La confianza será fundamental para el éxito de este censo. El periodismo en Veracruz necesita reconocimiento, capacitación y mejores condiciones laborales. Sin embargo, el método para alcanzar estos objetivos merece un análisis profundo.
Las políticas públicas efectivas no solo surgen de buenas intenciones, sino de la confianza generada entre quienes serán sus beneficiarios. Si el censo se convierte en una herramienta para fortalecer la libertad de expresión, contará con el apoyo de muchos. Pero si genera dudas o se percibe como un mecanismo de control, su legitimidad se verá comprometida.
La diferencia entre un instrumento de apoyo y uno de vigilancia radica en las garantías jurídicas y democráticas que lo respalden. Pancho López, filósofo xalapeño, plantea: “Si para proteger a los periodistas primero hay que hacer un censo, ¿quién hará el censo de las autoridades para saber cuántas cumplen realmente con la obligación de garantizar la libertad de expresión?”
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