El gobierno federal ha comenzado a desplegar estrategias para desviar la atención de la crisis que enfrenta la Cuarta Transformación, justo cuando se aproxima el proceso electoral de 2027. Estas acciones, que parecen ser distracciones, no logran ocultar la creciente incertidumbre que rodea el caso Ayotzinapa y la responsabilidad de quienes han estado en el poder.
Recientemente, la Fiscalía General de la República hizo pública parte de la investigación que involucra al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Aunque no se le absuelve de su papel en la tragedia que afectó a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Profesor Isidro Burgos”, tampoco se le puede considerar el único responsable de la masacre. Atribuirle el papel de autor intelectual podría ser un intento por desviar la atención de los verdaderos culpables, aquellos que operan en las esferas más altas del poder.
El riesgo de señalar a Aguirre es que podría destapar una red de complicidades que involucra a figuras clave dentro del partido en el poder. Al investigar más a fondo, la Fiscalía podría descubrir conexiones que salpicarían a quienes actualmente se presentan como autoridades, pero que, en realidad, han estado involucrados en la ocultación de la verdad. La búsqueda de justicia en el caso Ayotzinapa continúa siendo un camino lleno de obstáculos y sombras.
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