La campaña de difamación y desinformación denunciada por la diputada local de Veracruz, Bertha Ahued Malpica, podría encuadrar en supuestos de violencia política contra las mujeres en razón de género, dependiendo de si se acredita que los ataques buscan menoscabar su imagen, limitar sus derechos políticos o desacreditar su participación pública por su condición de mujer.
En México, la legislación establece que existe violencia política de género cuando se realizan acciones, expresiones o conductas —incluidas las difundidas en medios o redes sociales— que tengan por objeto o resultado obstaculizar, anular o afectar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, así como el desempeño de su cargo.
En el caso de Bertha Ahued, los señalamientos sobre su vida personal, la difusión de información falsa sobre relaciones familiares y la construcción de narrativas orientadas al desprestigio podrían considerarse parte de una estrategia para debilitar su posicionamiento político, especialmente si estos ataques están dirigidos a desacreditarla como figura pública más allá del debate político legítimo.
Especialistas en materia electoral han advertido que cuando las agresiones contra mujeres en política recurren a estereotipos, ataques personales o campañas de desprestigio centradas en aspectos privados o familiares, se puede configurar violencia política de género si se demuestra intencionalidad de afectar su carrera o ejercicio del poder.
La propia legisladora denunció que existe una campaña pagada en su contra debido a su incursión política, señalando: “Se ve que mi incursión en la política les duele, les pisa los talones y les da miedo”.
Sin embargo, para determinar jurídicamente si se trata de violencia política de género, correspondería a las autoridades electorales o jurisdiccionales analizar el contenido de las publicaciones, el contexto, los actores involucrados y si existe un componente diferenciado por razones de género.
De acreditarse, Ahued podría recurrir a instancias como el Organismo Público Local Electoral, tribunales electorales o incluso autoridades ministeriales, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Más allá del caso particular, este tipo de episodios refleja un fenómeno cada vez más frecuente en la arena política mexicana: el uso de campañas digitales de desinformación para erosionar liderazgos femeninos, muchas veces recurriendo a ataques personales que trascienden la crítica política tradicional.
