En la politización del caso de los agentes de la CIA, fallecidos en un accidente cuando regresaban de una operación para desmantelar un narco laboratorrio, algunos oficialistas piden juicio político en vísperas de importante relevo del poder ejecutivo estatal en Chihuahua.
Diputados del Partido del Trabajo y senadores de Morena han planteado juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusándola de violar la Constitución y de incurrir en traición a la patria por permitir la operación de agentes de la CIA en la entidad sin autorización del Gobierno Federal.
Los legisladores del PT, encabezados por Reginaldo Sandoval, solicitaron al Senado iniciar el procedimiento de destitución, argumentando que el gobierno estatal reconoció primero la colaboración de agentes extranjeros, luego la minimizó y finalmente quedó exhibido el verdadero alcance de las operaciones. Para ellos, esto vulnera la soberanía nacional y representa una afrenta directa al Estado mexicano.
Senadores de Morena, como Enrique Inzunza y Óscar Cantón Zetina, señalaron que la actuación de Campos configura violaciones graves a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Subrayaron que la presencia de agentes de la CIA en operativos contra el narcotráfico excede lo permitido por la ley, que limita la participación de extranjeros a intercambio de información.
Los argumentos principales giran en torno a violaciones constitucionales, la transgresión de la Ley de Seguridad Nacional, la posible configuración del delito de traición a la patria y la afectación a la soberanía nacional.
El debate se intensificó tras el accidente en el que murieron dos agentes estadounidenses en Chihuahua durante un operativo antinarcóticos, hecho que reveló la participación de personal de inteligencia en labores de seguridad.
Mientras el PT exige la destitución inmediata, Morena se muestra dividido: algunos senadores insisten en sanciones legales, mientras otros, como Ricardo Monreal, prefieren resolver la controversia por la vía diplomática.
El juicio político contra Maru Campos es impulsado principalmente por el PT y respaldado por sectores de Morena, bajo el argumento de que su gobierno vulneró la soberanía nacional y permitió la intervención de agentes extranjeros en funciones reservadas al Estado mexicano.
