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28La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, elevó este martes la presión política sobre el gobierno de Chihuahua al advertir que la dimisión del fiscal estatal César Jáuregui no cierra ni resuelve la crisis detonada por la operación irregular en la que participaron agentes estadounidenses sin conocimiento del Gobierno federal. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que la salida del funcionario representa apenas una responsabilidad política inicial, pero insistió en que el fondo del caso exige investigaciones exhaustivas, deslinde institucional y posibles sanciones adicionales.
“El tema no termina con una renuncia”, señaló la mandataria, dejando claro que para su administración lo ocurrido constituye una posible violación a la soberanía nacional y a la Ley de Seguridad Nacional, en un momento particularmente delicado para la relación bilateral entre México y Estados Unidos. ([Reuters][1])
El escándalo estalló tras revelarse que dos agentes de la CIA, fallecidos junto a funcionarios mexicanos en un accidente carretero en Chihuahua, participaron en actividades vinculadas a un operativo contra laboratorios clandestinos sin que existiera autorización formal o notificación al gobierno federal mexicano. La revelación desató cuestionamientos sobre el papel de la gobernadora panista Maru Campos, así como sobre la estructura de cooperación de seguridad impulsada desde la llamada Plataforma Centinela en Ciudad Juárez.
Sheinbaum recalcó que cualquier colaboración internacional en seguridad debe sujetarse estrictamente al marco constitucional mexicano y pasar por las instancias federales. “No puede haber coordinación directa de gobiernos estatales con agencias extranjeras fuera de la ley”, afirmó, en una declaración que fue interpretada como un mensaje directo tanto a Chihuahua como a Washington. ([El País][2])
La presidenta también cuestionó inconsistencias en las versiones oficiales emitidas inicialmente por autoridades chihuahuenses. Según sostuvo, las declaraciones cambiantes del fiscal Jáuregui respecto a la naturaleza de la participación estadounidense profundizaron la desconfianza y agravaron la dimensión política del episodio. En ese contexto, su renuncia fue presentada por el propio funcionario como una medida para asumir responsabilidad política, aunque para Palacio Nacional esto no agota las responsabilidades administrativas, legales ni diplomáticas.
La crisis ha colocado bajo escrutinio a la gobernadora Campos, cuya administración enfrenta señalamientos por presuntamente permitir esquemas de cooperación que excedieron el marco permitido por la legislación nacional. Desde el Senado mexicano ya se perfilan llamados para ampliar comparecencias y revisar la actuación del gobierno estatal. ([El País][3])
Más allá del relevo en la fiscalía, el caso exhibe una disputa de fondo sobre soberanía, seguridad fronteriza y la relación con Estados Unidos en el contexto del endurecimiento geopolítico regional. Sheinbaum busca proyectar una postura de cooperación, pero “sin subordinación”, diferenciándose de presiones estadounidenses más agresivas para intervenir en territorio mexicano bajo el argumento del combate al narcotráfico.
Analistas consideran que la contundencia presidencial responde también a la necesidad de reforzar el control federal sobre estrategias de seguridad y evitar precedentes en los que entidades federativas construyan vínculos autónomos con agencias extranjeras.
Con ello, la presidenta no solo enfrenta una crisis local, sino que convierte el caso Chihuahua en una prueba mayor de su política de soberanía nacional. La renuncia del fiscal, en este marco, aparece como un primer movimiento defensivo, pero lejos de cerrar el episodio, podría marcar apenas el inicio de una revisión más profunda sobre responsabilidades estatales, cooperación internacional y límites constitucionales en materia de seguridad.
