blindaje financiero e institucional que ha sostenido a La Luz del Mundo y a su brazo político Humanismo Mexicano, con énfasis en las denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la inacción de la Fiscalía General de la República (FGR)
Mientras en Estados Unidos se desmantela judicialmente la red criminal que operó durante décadas en La Luz del Mundo, en México persiste un blindaje institucional que ha impedido que las denuncias prosperen. La estructura financiera de la iglesia, su capacidad de movilización política y su cercanía con legisladores de Morena han convertido a esta organización en un actor protegido, incluso frente a acusaciones de abuso sexual, lavado de dinero y crimen organizado.
En diciembre de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces dirigida por Santiago Nieto, presentó ante la Fiscalía General de la República cinco denuncias contra La Luz del Mundo y su líder Naasón Joaquín García por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. Las denuncias incluían transferencias internacionales a paraísos fiscales, pagos por bienes de lujo y omisiones fiscales sistemáticas por parte de la organización religiosa.
Una iglesia con perfil empresarial
La UIF detectó que La Luz del Mundo, registrada como Organización Sin Fines de Lucro (OSFL), realizaba operaciones financieras con fines eminentemente lucrativos. Entre las irregularidades encontradas se incluyen:
– Inversiones con donativos para obtener intereses bancarios
– Omisión de declarar ingresos gravables ante Hacienda
– Transferencias internacionales por altos montos a personas físicas y morales sin relación con el culto religioso
– Compra de inmuebles, acciones empresariales y vehículos blindados
– Uso de tarjetas de crédito para gastos personales de los líderes religiosos
Según el análisis de la UIF, estas operaciones no guardaban relación con los fines para los cuales fue constituida la organización. Por ello, se presentó una tipología del delito que ubica a La Luz del Mundo en un esquema de enriquecimiento ilícito y evasión fiscal sistemática.
La FGR: denuncias sin judicialización
Pese a la contundencia de las denuncias, la Fiscalía General de la República no ha judicializado ninguno de los casos. No se han emitido órdenes de aprehensión, ni se ha citado a declarar a los líderes religiosos implicados. La inacción de la FGR ha sido interpretada por colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos como una forma de protección institucional que favorece la impunidad.
La falta de respuesta contrasta con la acción judicial en Estados Unidos, donde Naasón Joaquín fue condenado en 2022 y enfrenta nuevos cargos federales en 2025. Su madre, Eva García, fue detenida en Los Ángeles por participar activamente en la red de abusos sexuales. En México, ni ella ni otros miembros del clan Joaquín enfrentan procesos penales.
Humanismo Mexicano: estructura política de blindaje
La creación de la Agrupación Política Nacional Humanismo Mexicano en 2023 consolidó el blindaje institucional de la iglesia. Encabezada por el diputado morenista Emmanuel Reyes Carmona, esta estructura ha servido para negociar espacios legislativos, pactos territoriales y protección política. Legisladores como Favio Castellanos Polanco, Hamlet García Almaguer y Rogelio Israel Zamora Guzmán han defendido públicamente a la organización, incluso tras las condenas internacionales.
La cercanía con Morena y el gobierno de la Cuarta Transformación ha permitido que La Luz del Mundo mantenga influencia en el Congreso, en gobiernos estatales y en procesos electorales. El blindaje no es solo financiero, es político, institucional y estructural.
Una red sostenida por el silencio
La impunidad de La Luz del Mundo en México no se explica solo por la falta de acción judicial. Se sostiene por el silencio de las autoridades, la complicidad de legisladores y la normalización del abuso bajo el manto de la fe. Las denuncias de la UIF son claras. Las pruebas están documentadas. Lo que falta es voluntad política para romper el pacto de protección.
La exigencia de justicia no puede limitarse a lo simbólico. Requiere desmantelamiento institucional, reparación histórica y garantías de no repetición. Mientras el dinero siga fluyendo y los vínculos políticos se mantengan, la red criminal seguirá protegida.
