El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán confirmó la existencia de violencia política de género en contra de Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, atribuida al senador Gerardo Fernández Noroña. Como parte de las sanciones, Noroña deberá ofrecer una disculpa pública y será inscrito durante seis meses en los registros federal y estatal de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres.
La decisión del tribunal se produjo tras una revisión ordenada por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta revisión se centró en el alcance de la inmunidad parlamentaria de Noroña y en identificar cuáles de sus expresiones estaban relacionadas con su labor como legislador.
El tribunal local determinó que algunas manifestaciones del senador se dieron en el ámbito de su actividad legislativa, pero otras fueron realizadas en redes sociales y su canal de YouTube, quedando fuera de la protección de la inviolabilidad parlamentaria. La magistrada presidenta, Amelí Gissel Navarro, afirmó que se comprobó “la existencia de violencia política contra las mujeres por razón de género cometida por el denunciado”.
La controversia surgió tras la denuncia de Quiroz, quien asumió la alcaldía de Uruapan tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, en noviembre de 2025. Las declaraciones de Noroña, que incluían comentarios sobre su desempeño político y aspectos de su vida personal, llevaron a la presidenta municipal a presentar la queja ante las autoridades electorales.
El tribunal había dictado previamente que las expresiones del senador constituían violencia política de género, pero Noroña impugnó la resolución, lo que llevó a la revisión del caso por parte de la justicia electoral federal. La nueva resolución se centró en diferenciar entre las declaraciones realizadas en el ejercicio formal del cargo y aquellas en espacios personales.
El magistrado Eric López Villaseñor aclaró que no todas las expresiones de un legislador están protegidas por su función parlamentaria. La decisión del tribunal incluye la obligación de Noroña de recibir capacitación especializada sobre violencia política contra las mujeres, y se notificó a la Mesa Directiva del Senado para las acciones pertinentes.
La inscripción de Noroña en los registros de sancionados no implica la suspensión de su cargo ni la pérdida de derechos políticos, sino que es parte del sistema electoral para registrar a quienes han sido sancionados por conductas de este tipo. El caso reabre el debate sobre los límites de la inviolabilidad parlamentaria, destacando que no todas las declaraciones de un legislador están automáticamente protegidas.
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