Las comunidades indígenas de Veracruz están experimentando cambios significativos en su desarrollo, a pesar de que partidos de oposición como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano parecen ignorar estos avances. Históricamente marginadas, estas poblaciones ahora tienen la oportunidad de decidir sobre su propio futuro gracias a iniciativas como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).
Este fondo, que busca llevar recursos a comunidades que han sido excluidas, permite a los pueblos indígenas administrar y vigilar las inversiones que mejoran sus condiciones de vida. La reforma al artículo segundo constitucional les otorga personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que representa un cambio fundamental en la relación con el gobierno.
En 2025, Veracruz recibió una asignación de mil 418 millones de pesos para 2 mil 579 comunidades indígenas. Para el siguiente año, el FAISPIAM contará con 13 mil 506 millones de pesos, lo que representa el 10% del fondo nacional. A diferencia de los esquemas asistencialistas previos, ahora son las asambleas comunitarias las que determinan las obras prioritarias y eligen comités para la gestión de los recursos.
Un ejemplo de esta nueva dinámica se observa en El Panorama, municipio de Coyutla, donde los habitantes han comenzado a pavimentar la calle Sor Juana Inés de la Cruz. Durante una jornada, los pobladores avanzaron alrededor de cien metros, trabajando en equipo incluso bajo la lluvia. Este esfuerzo no solo se traduce en infraestructura, sino en la recuperación del sentido comunitario.
En julio de 2026, se reportó la entrega de recursos a 700 comités comunitarios en diversas localidades, con un total superior a 437 millones de pesos. En Papantla, 137 comités recibieron medios de pago, y en Chicontepec se asignaron 59.7 millones de pesos a 183 comunidades en 2025.
Aunque estos programas enfrentan retos como la transparencia y la fiscalización, ignorar los avances por motivos electorales es una muestra de mezquindad política. La gobernadora Rocío Nahle, la presidenta Claudia Sheinbaum y el delegado federal Juan Javier Gómez Cazarín han sido objeto de críticas y descalificaciones, pero los resultados en las comunidades son evidentes y cuestionan la legitimidad de tales ataques.
Con el proceso electoral de 2027 a la vista, los cuestionamientos hacia los gobiernos de la Cuarta Transformación han aumentado, lo que sugiere una estrategia de ciertos sectores opositores que podría estar motivada por intereses políticos y económicos.
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