Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega y Canadá han expresado su rechazo a la decisión de Israel de avanzar con licitaciones para la construcción de más de 1,200 viviendas en el área E1 de Cisjordania. Este proyecto, considerado estratégico por su ubicación, representa un obstáculo significativo para la posibilidad de un Estado palestino con continuidad territorial.
En un comunicado conjunto emitido el 20 de agosto, los líderes de estas naciones calificaron la medida como “inaceptable” y exigieron la cancelación de los planes. Además, advirtieron a las empresas interesadas en participar en la construcción que podrían enfrentar riesgos legales y de reputación.
La licitación se da en un contexto donde el Gobierno israelí ha reactivado un proyecto que había permanecido congelado por años debido a la presión internacional. La zona E1, situada entre Jerusalén Oriental y Ma’ale Adumim, es crucial porque su desarrollo podría crear una continuidad territorial israelí que afectaría la conexión entre el norte y sur de Cisjordania, complicando aún más la viabilidad de un futuro Estado palestino.
Los siete países subrayaron que los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales según el derecho internacional y manifestaron su preocupación por el impacto que tendría el desarrollo de E1 en la geografía de los territorios palestinos. La Unión Europea también ha advertido que la ejecución de este plan podría afectar permanentemente la continuidad territorial entre Jerusalén Oriental y Cisjordania.
En mayo pasado, estos mismos países ya habían expresado su oposición a la expansión de los asentamientos y habían alertado a las empresas sobre las implicaciones de participar en proyectos relacionados. La advertencia se basa en la interpretación común de la comunidad internacional, que considera que los asentamientos construidos en territorios palestinos ocupados desde 1967 carecen de validez legal.
La controversia en torno a E1 no solo radica en el número de viviendas, sino en su ubicación estratégica, que podría fragmentar el territorio palestino y limitar las posibilidades de establecer un Estado viable. La preocupación ha sido también manifestada por el secretario general de la ONU, quien ha señalado que este proyecto representa una amenaza significativa para la continuidad territorial necesaria para un futuro Estado palestino.
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