El Gobierno de México está considerando establecer una regulación nacional sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas de educación básica antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que alrededor del 70 por ciento de los padres de familia apoyan que los estudiantes no usen estos dispositivos durante la jornada escolar.
“Ya es prácticamente un consenso; 70 por ciento de madres y padres en el país están de acuerdo en que no se utilicen los celulares durante la escuela. Es un tema que nos incumbe a todas y todos”, afirmó Sheinbaum en su conferencia de prensa.
La mandataria destacó que el objetivo es construir un consenso con docentes, familias y especialistas para implementar esta regulación desde finales de agosto. Aclaró que no se trata de una prohibición total, sino de establecer reglas que promuevan un uso responsable de la tecnología en el entorno escolar.
Sheinbaum subrayó que esta decisión responde a la preocupación por el impacto del uso excesivo de celulares y redes sociales en la salud mental de los jóvenes. Según una encuesta del Gobierno federal, cerca del 70 por ciento de los padres apoyan la restricción del uso de teléfonos en horario escolar, lo que refleja un amplio consenso social.
La presidenta también enfatizó que la estrategia busca un cambio cultural que involucre a las familias, ya que impedir el uso de celulares en la escuela no sería efectivo si los niños siguen expuestos a las pantallas en casa sin supervisión.
Además, mencionó que se están llevando a cabo asambleas para implementar el programa ABC de las Emociones, que busca fomentar la salud mental en adolescentes y jóvenes. La discusión sobre el uso de tecnología y su impacto en la salud mental es un tema de interés nacional.
La propuesta de México se alinea con una tendencia global, ya que al menos 80 países han implementado restricciones o regulaciones sobre el uso de teléfonos en escuelas. En Europa, Francia fue pionera en 2018 al prohibir su uso en educación básica, mientras que otros países como Brasil y Canadá han seguido un camino similar con legislaciones específicas.
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