La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reabierto el debate sobre la regulación del uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en las escuelas del país. La propuesta del gobierno federal busca involucrar a maestros y maestras en la creación de una normativa que reduzca las distracciones en el aula, sin prohibir completamente el uso de la tecnología con fines educativos.
Sheinbaum ha manifestado su apoyo a establecer límites en el uso de celulares, destacando la importancia de recuperar actividades que no dependan de las pantallas, como el trabajo con lápiz y papel y la interacción entre estudiantes. Este tema cobra relevancia con el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027, programado para el 31 de agosto, cuando más de 23 millones de alumnos de educación básica regresarán a las aulas.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha iniciado una consulta dirigida al personal docente para conocer sus perspectivas sobre la posible regulación. Esta consulta se lleva a cabo durante la Fase Intensiva de los Consejos Técnicos Escolares, con la participación de más de 1.2 millones de docentes, directivos y supervisores. El objetivo es recopilar información de quienes enfrentan diariamente el impacto del uso de dispositivos en el aula.
La presidenta ha enfatizado que la decisión sobre la regulación se construirá desde las escuelas, tomando en cuenta la opinión del magisterio. Se ha reconocido que 16 estados ya cuentan con normativas para limitar el uso de teléfonos en los planteles, lo que servirá como base para desarrollar criterios aplicables a nivel nacional.
El debate se intensifica a medida que varios gobiernos estatales implementan sus propias restricciones para disminuir las distracciones en clase. Sin embargo, las reglas varían en cada entidad. Un aspecto fundamental a definir es el significado de “regular” el uso del celular, ya que una prohibición total no es la única opción; se pueden establecer medidas que permitan su uso en situaciones de emergencia o actividades pedagógicas.
La propuesta también incluye a los docentes, buscando regular el uso de dispositivos por parte de todos los miembros de la comunidad escolar. La SEP ha enmarcado este tema en una discusión más amplia sobre ciudadanía digital, que no solo abarca la retirada de teléfonos, sino también el uso responsable de la tecnología en el entorno educativo.
Durante los foros educativos, se han abordado temas como el ciberacoso y el acceso a contenidos perjudiciales, resaltando la necesidad de fomentar un pensamiento crítico frente a la tecnología. La dificultad de separar el uso educativo del recreativo de los dispositivos ha sido un argumento clave en el debate.
Una futura política nacional deberá definir las circunstancias bajo las cuales se permitirá el uso de celulares en las escuelas y quién tendrá la autoridad para autorizar su uso durante las clases. También se deberán considerar situaciones de emergencia y necesidades específicas de ciertos estudiantes, así como actividades académicas que requieran herramientas digitales.
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